Sinaloa, otra vez. Por su clima, su posición estratégica entre el mar y la montaña, la inaccesibilidad de sus caminos serranos -e incluso su historia de inmigrantes chinos y la implantación del opio-, el estado norteño lleva un siglo vinculado a la producción y el tráfico de estupefacientes. No es casualidad que de allí haya sido Pedro Avilés y, a continuación, Caro Quintero, Fonseca Carrillo, Félix Gallardo y, por supuesto, El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, así, como en las generaciones más recientes, los descendientes de uno y otro, Los Mayitos y Los Chapitos, ahora las dos feroces corrientes rivales de lo que seguimos llamando, equívocamente, Cártel de Sinaloa. Porque, allí como en muchas otras partes del país, lo que ha existido siempre ha sido una indisoluble trama entre la industria del narcotráfico y el poder político que la cobija. Por largo tiempo con el PRI y hoy con Morena -en todos sentidos, su herencia inmediata-, Sinaloa es el mejor ejemplo de esta irremediable confluencia.
A nadie ha sorprendido que el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, haya sido señalado por sus vínculos con el crimen organizado: no sería, en el fondo, sino el último entre los políticos del estado señalados por sus vínculos con los delincuentes. Y más aún tras el extravagante episodio, que las autoridades aún no han conseguido explicarnos, en el cual estuvo en el centro de la trampa que culminó con la detención en el aeropuerto en Nuevo México de El Mayo Zambada, quien desde ese momento lo responsabilizó de la maniobra. Lo único novedoso, si acaso, ha sido que una corte de Estados Unidos se haya atrevido a exigir su detención estando en funciones: la prueba de que Trump está decidido a acorralar a la presidenta Sheinbaum de todas las maneras posibles justo antes de la renegociación del T-MEC.
Como ha contado con precisión Oswaldo Zavala en Los cárteles no existen (nueva edición, 2026), la narrativa que ha presentado a estas todopoderosas organizaciones criminales, controladas con mano de hierro por sus distintos capos -con El Chapo como emblema-, como fuerzas autónomas, no ha hecho sino emborronar una realidad mucho más compleja y viscosa: el tráfico de drogas como una eficiente y lucrativa empresa nacional sostenida sin ambages desde el poder político. Eso es justo lo que ha ocurrido desde hace décadas en Sinaloa, su primer laboratorio, y lo que sin duda ocurre desde que Rubén Rocha -quien no dudó en reconocer su permanente diálogo con los criminales- es el gobernador, o más bien el administrador, del estado.
Más allá de las evidentes intenciones políticas de Trump, decidido a mantener el relato de que México está gobernado por los narcos a fin de tener un margen de presión aún mayor sobre Sheinbaum -y hallar, de paso, una nueva salida a su impasse en Irán-, Rocha Moya se vuelve así el necesario chivo expiatorio de una política de drogas, impulsada desde Estados Unidos, que siempre ha estado destinada al fracaso. Imposible saber aún si las pruebas que presentará el juzgado del Distrito Sur de Manhattan son vagas o irrefutables, pero en cualquier caso ya resultan absolutamente creíbles. Y es aquí justo donde se halla el terreno más pantanoso para la Presidenta: arroparlo sin más significaría abandonar por completo la promesa de ser distintos, mientas que entregárselo a Trump sería su claudicación más sonora hasta el momento, cuando su imagen de aparente resistencia al demagogo se haya en la base de su popularidad, que justo por ello excede la de su partido.
Obligada por la dinámica de las conferencias mañaneras, por lo pronto la Presidenta ha intentado ganar tiempo sin tomar una postura clara: a la vez ha prometido defender la soberanía -esa palabreja que solo sirve como cortina de humo en cada uno de estos caos- y proceder contra los políticos corruptos si hay sustento para ello. Hacer las dos cosas es, sin embargo, imposible, y de seguro hoy no hace otra cosa que evaluar cuál de las dos opciones es la menos mala en medio de la crisis. Entretanto, con Rocha Moya o sin él, Sinaloa continuará, igual que en las épocas del PRI o del PAN, como el epicentro de esa maquinaria donde, a causa de la siniestra política de drogas de Estados Unidos, el Estado y la delincuencia organizada se hallan fundidos sin remedio.