El salario mínimo interprofesional (SMI) se prepara para un nuevo incremento en 2027 y la propuesta que acaba de poner sobre la mesa el equipo de expertos del Ministerio de Trabajo apunta a una subida del 4,9%. De salir adelante, los trabajadores que perciben esta retribución pasarían de cobrar 1.221 a 1.281 euros brutos mensuales en 14 pagas. Son 60 euros más al mes y 840 euros adicionales al año, una diferencia que vuelve a situar el poder adquisitivo de los salarios más bajos en el centro del debate económico y político.
La recomendación, elaborada por especialistas vinculados al ámbito académico, sindical y gubernamental, constituye el primer paso para determinar cuánto aumentará finalmente el suelo salarial. No obstante, la cifra todavía no es definitiva. Yolanda Díaz tendrá que abordar la negociación con los representantes de los trabajadores y las organizaciones empresariales, en un escenario marcado por las discrepancias sobre la cuantía y el calendario de aplicación.
La propuesta llega, además, en un momento especialmente relevante para el Ejecutivo. El Gobierno pretende resolver la actualización del SMI antes de las elecciones del 29 de noviembre, una anticipación que ha despertado críticas entre la oposición y la patronal.
El poder adquisitivo marca el porcentaje de la subida
La recomendación del 4,9% responde a uno de los principales objetivos que Trabajo trasladó a la comisión de expertos: evitar que quienes cobran el salario mínimo pierdan capacidad de compra ante el encarecimiento de la vida.
Los cálculos del grupo contemplaban dos referencias diferentes. Por un lado, situar el salario mínimo neto en el equivalente al 60% del salario medio neto a jornada completa, siguiendo el criterio defendido por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Por otro, garantizar que la remuneración no quede por detrás de la evolución de los precios.
Ambos objetivos no conducen necesariamente al mismo resultado. Según el informe, bastaría con elevar el SMI un 2,7%, hasta los 1.254 euros mensuales, para alcanzar el umbral del 60% del salario medio neto. Sin embargo, esa actualización no compensaría el avance de la inflación.
El dato adelantado del IPC correspondiente a octubre de 2026 sitúa la variación interanual de los precios en el 4,9%. Por tanto, los especialistas consideran que ese debe ser el porcentaje de referencia para impedir que el salario mínimo pierda poder adquisitivo durante el próximo ejercicio.
Yolanda Díaz afronta una negociación con sindicatos y empresarios
La propuesta de los expertos, a la que ha tenido acceso El País, no garantiza que la subida termine siendo exactamente del 4,9%. La decisión dependerá de las conversaciones que mantenga el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, que llegan a esta negociación con posiciones alejadas.
CC OO y UGT reclaman un incremento del 7%, superior al planteado por los especialistas. Su objetivo es conseguir una mejora más ambiciosa para los trabajadores con menores ingresos.
La patronal, por su parte, ha cuestionado las prisas del departamento que dirige Yolanda Díaz y todavía no ha concretado una propuesta alternativa sobre cuánto debería aumentar el SMI.
Esta diferencia anticipa una negociación complicada. En los últimos años, los empresarios se han desmarcado de buena parte de los acuerdos impulsados por Trabajo, mientras que los sindicatos han respaldado algunas de las actualizaciones pactadas con el Gobierno.
El último incremento de Díaz puede llegar sin consenso
La subida de 2027 tiene también una dimensión política. Será la última actualización del salario mínimo que previsiblemente impulse Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, puesto que no repetirá como candidata de la izquierda.
El Ejecutivo cuenta con una ventaja para sacar adelante la medida: el SMI se establece mediante un real decreto, por lo que su modificación no necesita una votación favorable en el Congreso. Esta circunstancia ha permitido que el Gobierno continúe elevando el suelo salarial pese a las dificultades para reunir mayorías parlamentarias.
Sin embargo, el acuerdo con los sindicatos tampoco está asegurado. CC OO y UGT han condicionado su respaldo a otras medidas pendientes, especialmente el refuerzo del registro horario y la protección de determinados complementos salariales frente a las prácticas empresariales de absorción de las subidas del SMI.
De este modo, el porcentaje de incremento no será el único asunto que determine el resultado de las conversaciones. También estará en juego la capacidad del Ministerio de Trabajo para cerrar una negociación con respaldo sindical.
El Gobierno quiere aprobar la subida antes de las elecciones
Otro elemento que diferencia esta negociación de las anteriores es el calendario. Habitualmente, las actualizaciones del salario mínimo se han aprobado durante los primeros meses del año, con efectos retroactivos desde enero.
Esta vez, el Ejecutivo pretende adelantar la decisión para que entre en vigor antes de las elecciones del 29 de noviembre. La oposición ha cuestionado esta estrategia y considera que el calendario responde a intereses electorales.
El Gobierno, en cambio, defiende que resulta conveniente resolver cuanto antes la actualización para evitar que la decisión quede pendiente durante un eventual periodo de funciones.
Si prospera la recomendación de los expertos, el SMI alcanzaría los 1.281 euros brutos mensuales en 14 pagas. Una cifra que supondría una nueva mejora para los trabajadores con menores retribuciones, aunque su impacto definitivo dependerá tanto del acuerdo político y social como de la evolución de los precios. @mundiario
