La salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes no supone el cierre de una etapa tranquila para el Gobierno. Al contrario, Carlos Cuerpo asume unas competencias marcadas por la desconfianza de los trabajadores ferroviarios, las exigencias de mayor seguridad tras el accidente de Urda y el malestar de las empresas constructoras por las condiciones económicas de los contratos públicos. El nuevo responsable tendrá que gestionar varios frentes abiertos en un momento especialmente delicado, con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte y un sector que reclama respuestas inmediatas.
El accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos tras la colisión de un tren AVE de Renfe con una unidad de Iryo, ha elevado la presión sobre Transportes. La tragedia, segundo siniestro mortal en diez meses en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de las infraestructuras, los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta de los organismos responsables.
Carlos Cuerpo llega al ministerio con el encargo de recuperar la confianza en un sistema ferroviario cuestionado. Sin embargo, su margen de actuación será limitado: deberá atender las reivindicaciones sindicales, supervisar las medidas de emergencia y evitar que el conflicto se extienda a otros ámbitos del transporte y la obra pública.
La primera prueba será recomponer la relación con los trabajadores. El sindicato de maquinistas Semaf mantiene convocada una huelga para los días 10 y 12 de noviembre y reclama que se cumplan los compromisos de refuerzo de las plantillas y mantenimiento de las redes de Adif, acordados en febrero. La organización sostiene que las medidas prometidas después de las tragedias anteriores todavía no se han traducido en mejoras suficientes.
A esta tensión se suma la posibilidad de una movilización conjunta de CSIF, CGT, UGT, CC OO y Sindicato Ferroviario. La coincidencia de varias organizaciones en sus reclamaciones aumenta la presión sobre el nuevo ministro, que tendrá que negociar con un colectivo que cuestiona la seguridad y las condiciones de trabajo del sistema.
La seguridad ferroviaria, el primer examen de Carlos Cuerpo
Uno de los asuntos más urgentes será revisar cómo se gestionan las incidencias en la red de alta velocidad. Entre las medidas anunciadas tras el accidente figura la doble comprobación de las órdenes que los centros de control transmiten a los maquinistas cuando una línea funciona en condiciones degradadas.
Adif también deberá esclarecer el procedimiento seguido por los operarios del centro de control de Atocha cuando se producen fallos en el sistema LZB, utilizado en el corredor Madrid-Sevilla. La investigación sobre las órdenes emitidas durante la incidencia del pasado 28 de octubre será determinante para conocer las circunstancias que precedieron a la colisión.
Mientras se implanta el nuevo sistema de señalización ERTMS, previsto para comienzos de año, otra de las medidas planteadas consiste en reducir las frecuencias de circulación para aumentar la distancia entre trenes. La utilización de unidades en doble composición, especialmente por parte de Renfe, permitiría mantener parte de la oferta de plazas pese a disminuir las salidas.
Además, la Agencia de Seguridad Ferroviaria deberá realizar una auditoría del Corredor Sur, que ha recibido más de 800 millones de euros en inversiones durante los últimos cuatro años. El resultado puede convertirse en una referencia para evaluar si las actuaciones realizadas han respondido a las necesidades reales de la infraestructura.
La continuidad del equipo directivo de Adif también está en cuestión. Su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, afronta peticiones de destitución procedentes de partidos políticos y sindicatos por la gestión del tráfico ferroviario durante la incidencia que precedió al accidente de Urda. La decisión sobre su futuro será una de las primeras señales de cómo pretende actuar Cuerpo.
Las constructoras también esperan respuestas de Transportes
La crisis ferroviaria no será el único problema que encontrará el vicepresidente primero. El sector de la construcción mantiene abiertas sus propias discrepancias con el Ministerio por el encarecimiento de los materiales y las condiciones de contratación de las grandes obras públicas.
Organizaciones como Seopan, Anci y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclaman mecanismos extraordinarios de revisión de precios para compensar el aumento de los costes de ejecución. El acero, el cemento, la madera, el aluminio, los combustibles y la energía eléctrica han elevado la presión sobre unos contratos que, por su duración, quedan expuestos a las variaciones económicas.
La situación recuerda a las dificultades que atravesó el sector durante la crisis inflacionista provocada por la invasión rusa de Ucrania, cuando el Gobierno tuvo que habilitar mecanismos de protección para las empresas adjudicatarias. Ahora, las constructoras vuelven a advertir de que los presupuestos iniciales pueden quedarse desfasados antes de finalizar los proyectos.
A esta situación se añade el debate sobre la conservación de las carreteras. Transportes tiene previsto desarrollar un programa extraordinario de refuerzo de firmes valorado en 1.600 millones de euros, mientras los equipos del ministerio reconocen un déficit superior a los 6.000 millones en el mantenimiento de estas infraestructuras. Las asociaciones empresariales elevan esa brecha por encima de los 10.000 millones.
Cuerpo tendrá que encontrar un equilibrio entre las exigencias presupuestarias, la calidad de las adjudicaciones y la necesidad de acelerar unas inversiones que afectan directamente a la movilidad y la actividad económica.
Aena y las infraestructuras, otros frentes pendientes
El cambio de titular también coincide con el inicio del programa inversor de Aena para 2027-2031, que contempla 13.000 millones de euros destinados a modernizar los aeropuertos españoles. Las primeras licitaciones ya están en marcha en instalaciones como las de Madrid, Tenerife y Almería.
En paralelo, Transportes deberá gestionar la devolución al ámbito público de varios tramos de autopistas y autovías. Entre ellos figura parte de la AP-68, que conecta Bilbao y Zaragoza, además de una decena de autovías de primera generación que suman 993 kilómetros y cuya explotación privada termina al cierre del año.
El relevo de Puente también deja pendiente el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible. Aunque la norma establece un marco para financiar el transporte público, planificar la movilidad urbana y avanzar en la descarbonización, su aplicación dependerá de nuevos reglamentos y acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Por tanto, el desafío de Carlos Cuerpo va más allá de gestionar las consecuencias políticas de una dimisión. Su llegada coincide con un momento en el que la seguridad ferroviaria, la conservación de las infraestructuras y la viabilidad económica de la obra pública exigen decisiones de calado.
La salida de Óscar Puente ha cambiado el interlocutor, pero no ha resuelto los problemas que se acumulan en el ministerio. Cuerpo tendrá que demostrar que puede recuperar la confianza de los trabajadores, contener el enfrentamiento con las constructoras y evitar que las deficiencias de gestión se conviertan en una crisis estructural de los transportes españoles. @mundiario
