La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes ha vuelto a colocar las salidas de cargos públicos en el centro de la actualidad política española. Su renuncia, anunciada una semana después del accidente ferroviario de Urda, en el que murieron 69 personas, se suma a una cadena de relevos y abandonos que ha afectado tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como a la dirección del PSOE. Lo que llama especialmente la atención es la concentración temporal de los últimos episodios: Francisco Martín, Montse Mínguez y Puente han abandonado sus responsabilidades en un intervalo de apenas 20 días.
Sin embargo, no todas las dimisiones responden a las mismas razones. Algunas han estado relacionadas con polémicas personales, otras con investigaciones y acusaciones que comprometían la imagen del partido, mientras que también ha habido renuncias justificadas por motivos de salud o decisiones profesionales. El denominador común es el impacto político que estas salidas han tenido sobre un proyecto que afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La marcha de Puente tiene una particularidad respecto a las anteriores. El ministro decidió abandonar tanto Transportes como su candidatura por Valladolid después de la tragedia ferroviaria de Toledo. Durante su comparecencia en el Congreso defendió su decisión y reconoció que el sufrimiento de las familias de las víctimas estaba por encima del suyo. Pedro Sánchez, por su parte, respaldó públicamente su trayectoria y destacó que su comportamiento demostraba que no todos los políticos actuaban de la misma manera.
La renuncia llega, además, en un momento especialmente delicado para el PSOE. Con la campaña electoral cada vez más cerca, cada salida obliga al partido a gestionar una nueva crisis, explicar sus decisiones y evitar que los acontecimientos desplacen el debate sobre sus propuestas políticas.
Las tres últimas dimisiones que agitan al PSOE antes de las elecciones
La primera de esta reciente secuencia fue la de Montse Mínguez, portavoz socialista, que el 16 de octubre comunicó su decisión de abandonar la política para no perjudicar la campaña electoral de Sánchez. Su salida se produjo después de que se conociera que su pareja estaba vinculada a una empresa inmobiliaria propietaria de más de 30 viviendas y relacionada con varios desahucios. La polémica resultaba especialmente incómoda para el PSOE, que pretendía situar el acceso a la vivienda entre sus principales argumentos electorales.
Nueve días después, el 25 de octubre, Francisco Martín presentó su dimisión como delegado del Gobierno en Madrid. Su decisión estuvo relacionada con su exclusión de las listas socialistas al Congreso y al Senado. El dirigente afirmó que ya no se daban las condiciones necesarias para continuar desempeñando sus funciones, una explicación que evidenció las tensiones internas que también pueden surgir durante la configuración de las candidaturas.
La tercera salida ha sido la de Óscar Puente. A diferencia de los dos casos anteriores, su marcha está directamente vinculada a las consecuencias políticas de una tragedia ferroviaria con decenas de víctimas mortales. Su renuncia añade una dimensión institucional a una sucesión de acontecimientos que ya había afectado a la organización socialista.
Máximo Huerta y Carmen Montón: las primeras crisis del Gobierno
Para encontrar uno de los precedentes más tempranos hay que remontarse a junio de 2018, cuando Pedro Sánchez acababa de formar su primer Ejecutivo. Máximo Huerta, nombrado ministro de Cultura y Deporte, permaneció apenas una semana en el cargo. Su salida se produjo después de conocerse que había tenido problemas con Hacienda por una deuda tributaria de 256.778 euros correspondiente a ejercicios anteriores.
El escritor defendió su inocencia y sostuvo que había regularizado su situación, pero finalmente optó por abandonar el Ministerio. Su argumento fue que no quería que la polémica personal terminara perjudicando el proyecto político del nuevo presidente.
Apenas tres meses después, en septiembre de 2018, Carmen Montón dejó la cartera de Sanidad por las irregularidades relacionadas con un máster que había cursado. La ministra negó las acusaciones, mientras Sánchez mantuvo su respaldo hasta que la presión política hizo inviable su continuidad.
Estos dos episodios marcaron una primera etapa de dificultades para el Ejecutivo socialista. Aunque las circunstancias eran diferentes, ambos demostraron que las controversias individuales podían convertirse rápidamente en un problema para la estabilidad y la credibilidad del Gobierno.
Las salidas por motivos personales y las crisis internas del partido
En diciembre de 2021, Manuel Castells abandonó el Ministerio de Universidades. Su dimisión, vinculada oficialmente a motivos de salud y a una decisión personal, tuvo un carácter distinto al de las salidas motivadas por polémicas políticas. El sociólogo formaba parte de la cuota de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición.
Años después, las dificultades comenzaron a concentrarse también en la estructura orgánica del PSOE. En junio de 2025, Santos Cerdán renunció como secretario de Organización después de que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil recogiera conversaciones relacionadas con el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas. Sánchez aseguró que le había pedido que abandonara el puesto y reconoció públicamente su error al haber confiado en él.
El caso adquirió todavía más relevancia por los antecedentes de José Luis Ábalos, antiguo secretario de Organización y exministro de Transportes. El exdirigente socialista fue condenado en junio de 2026 a 24 años de prisión por delitos relacionados con la corrupción. A diferencia de otros responsables políticos, no presentó su dimisión como diputado cuando estalló el escándalo, ya que entonces no ocupaba ningún cargo ejecutivo. Tras negarse a entregar su acta, terminó integrado en el Grupo Mixto.
En julio de 2025 también renunció Francisco Salazar, estrecho colaborador de Sánchez, antes de asumir oficialmente la Secretaría de Análisis y Acción Electoral del PSOE. Su salida se produjo después de que varias compañeras lo acusaran de acoso sexual y abuso de poder. También dejó su puesto como asesor en La Moncloa.
La sucesión de episodios continuó en diciembre de ese año. José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y secretario provincial del PSOE, dimitió tras recibir acusaciones internas de acoso sexual, que negó. Un día después, Javier Izquierdo abandonó sus responsabilidades en la ejecutiva federal socialista y su puesto como senador. Aunque justificó su decisión por motivos profesionales y personales, el partido abrió posteriormente un expediente informativo por otro posible caso de acoso.
El coste político de las dimisiones para Pedro Sánchez
La acumulación de renuncias plantea un desafío que va más allá de cubrir los puestos vacantes. Cada salida obliga al PSOE a gestionar explicaciones públicas, contener las consecuencias internas y evitar que las polémicas terminen eclipsando su discurso electoral.
El caso de Óscar Puente introduce, además, una cuestión especialmente sensible: la responsabilidad política después de una tragedia con víctimas mortales. Su dimisión contrasta con otros episodios en los que los responsables afectados optaron por permanecer en sus puestos o conservar sus actas parlamentarias.
En este contexto, Sánchez ha intentado diferenciar el comportamiento de los dirigentes socialistas y defender que no todos los políticos actúan de la misma manera. El mensaje busca reivindicar la responsabilidad individual frente a los errores y las conductas de quienes ocupan cargos públicos.
La dificultad para el PSOE será conseguir que esa defensa resulte convincente en una campaña marcada por las dimisiones, las controversias internas y las consecuencias de la tragedia ferroviaria. La cuestión ya no es únicamente cuántos dirigentes han abandonado sus responsabilidades, sino hasta qué punto estas salidas condicionarán la confianza de los ciudadanos en el partido cuando acudan a las urnas el 29 de noviembre. @mundiario
