La reciente petición de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, coloca a México en un escenario inédito dentro de su relación bilateral con Washington, al tratarse de un mandatario estatal en funciones perteneciente a Movimiento de Regeneración Nacional.
En medio de la crisis política desatada por la acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa, especialistas advierten que el caso representa un “punto de inflexión” en la relación entre ambos países.
El investigador del El Colegio de la Frontera Norte, Andrés Sumano, señaló que la situación genera “problemas en todos los sentidos” para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al constituir un “golpe muy fuerte” para su estrategia de cooperación con la Casa Blanca, especialmente tras el regreso del presidente Donald Trump.
El especialista advirtió que el caso supone además un desafío directo para la política de seguridad mexicana, pese a los recientes golpes al crimen organizado, como la presunta neutralización de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tres escenarios para el Gobierno mexicano
De acuerdo con Sumano, el Ejecutivo federal enfrenta tres posibles rutas: respaldar políticamente a los funcionarios señalados; aceptar su extradición a Estados Unidos; o iniciar procesos judiciales en México.
A su juicio, esta última opción sería la más viable, aunque implicaría tensiones internas dentro de Morena. Mientras tanto, consideró que la presidenta ha optado por “ganar tiempo”, al insistir en la necesidad de pruebas y remitir el caso al Ministerio Público.
No obstante, advirtió que esta estrategia tiene límites, ya que eventualmente se agotará la paciencia de Washington.
Riesgos de una negativa
En caso de que México rechace la extradición, el investigador alertó sobre posibles represalias por parte de Estados Unidos, que podrían ir desde presiones económicas hasta escenarios más extremos, como acciones unilaterales —aunque consideró esto último poco probable.
Asimismo, no descartó que se amplíen las investigaciones contra otros funcionarios mexicanos de alto nivel, más allá del caso de Sinaloa.
Sumano enfatizó que la acusación contra Rocha Moya no es meramente política, sino que se trata de un proceso formal avalado por un gran jurado en Estados Unidos, lo que implica que existen elementos de prueba suficientes para sustentar la solicitud de detención.
Finalmente, la acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a los funcionarios mexicanos por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
