
Rocha Moya y Gámez Mendívil pueden ser citados sin fuero constitucional. Foto: Especial
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el ex alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quedaron sin la protección del fuero constitucional.
Con ello, pueden ser citados por el Ministerio Público Federal ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que los vincula presuntamente con el cártel de Sinaloa.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que, al no estar en funciones, ambos están en condición de comparecer como cualquier ciudadano dentro de una investigación penal.
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El alcance del fuero
El exministro Arturo Zaldívar lo sintetizó en redes sociales: el fuero protege el ejercicio del cargo, no a la persona.
Una vez que se solicita licencia, esa inmunidad procesal desaparece. En términos prácticos, esto abre la posibilidad de detención o comparecencia sin los obstáculos legales que implica la investidura.
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Solicitud desde Nueva York
La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió formalmente la petición de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para detener a diez mexicanos. Entre ellos están Rocha Moya, Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza. Las acusaciones apuntan a supuestos vínculos con una facción del cártel de Sinaloa encabezada por Iván Archivaldo Guzmán.
A partir de esa solicitud, la FGR inició la integración de una carpeta de investigación propia, con base en los delitos que se les atribuyen en territorio estadounidense.
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Vacíos en la extradición
El tratado de extradición entre México y Estados Unidos vuelve a estar bajo escrutinio. Especialistas señalan que no exige al país solicitante presentar pruebas en la fase inicial de detención provisional. Basta con describir el delito, identificar al acusado y señalar su ubicación.
Este punto ha generado debate, especialmente cuando se trata de funcionarios con fuero. En ese escenario, la protección constitucional puede frenar el proceso, lo que explica por qué el caso del senador Inzunza sigue en una zona gris.
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EL DATO
La petición de Estados Unidos marca un giro: es la primera vez que se solicita la detención de funcionarios mexicanos aún con fuero. En casos anteriores —como los exgobernadores Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández— las solicitudes llegaron cuando ya no ocupaban cargos públicos.