Guanajuato.- Derivado de la investigación realizada por AM a contratos celebrados por el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato (Juventudes GTO) durante el pasado sexenio, la Secretaría de la Honestidad reportó una serie de irregularidades graves que motivaron la presentación de denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
En su página oficial, la Secretaría de la Honestidad detalló la existencia de pagos realizados sin contar con los contratos que respaldaran el servicio, así como pagos sin evidencia que acreditara que se hubieran obtenido las mejores condiciones para el Estado. También se documentaron contratos asignados a proveedores con relación familiar o de negocios, además de inconsistencias en la declaración patrimonial de un exservidor público.
El 11 de enero de 2025, AM publicó que, tras una revisión de contratos de “Juventudes GTO” correspondientes al sexenio anterior, la propia Secretaría de la Honestidad había detectado posibles irregularidades que involucraban a exfuncionarios tanto de esa dependencia como de la entonces Jefatura de Gabinete.
Meses antes, el 5 de agosto de 2024, este mismo medio reveló que, mediante empresas y presuntos prestanombres, familiares de José Luis Guerrero Méndez (asesor de la Jefatura del Gabinete) habrían conformado una red para obtener contratos por más de 84 millones.
Buena parte de los 224 contratos analizados fueron asignados a través del instituto, cuando era encabezado por Antonio Navarro Padilla. Entre los nombres señalados figuraban personas cercanas al exfuncionario José Luis Guerrero, como su esposa y otros familiares, quienes presuntamente operaban empresas beneficiadas con adjudicaciones directas. Tras la publicación, Guerrero Méndez fue separado de su cargo.
Ficha de la Secretaría de la Honestidad donde se estipulan las irregularidades. Foto: Secretaría de la Honestidad.
Denuncias en curso
En diciembre de 2024, la Secretaría de la Honestidad confirmó la presentación de una primera denuncia administrativa por posibles irregularidades cometidas por particulares y exservidores públicos vinculados tanto a Juventudes GTO como a la extinta Jefatura de Gabinete, encabezada en su momento por Juan Carlos Alcántara Montoya.
De manera reciente, la Secretaría de la Honestidad del Gobierno de Guanajuato publicó una ficha técnica sobre los resultados de una revisión al organismo, de la cual derivó la presentación de denuncias por presuntas faltas administrativas graves.
Entre los hallazgos publicados se indica que en 23 contratos el proveedor ganador y otros participantes en las cotizaciones tendrían relación familiar o de negocios entre sí, lo que habría derivado en una posible combinación entre competidores durante los procesos de adjudicación.
Asimismo, se detectaron 77 pagos realizados sin contar con un contrato que respaldara formalmente la prestación de los servicios, además de 27 pagos efectuados con contrato vigente, pero sin evidencia documental suficiente que acreditara que se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado.
La revisión también advierte que en 44 contratos no se acreditó el análisis de las cotizaciones presentadas, por lo que no existe soporte documental que demuestre que las adjudicaciones se realizaron bajo criterios de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Finalmente, se reportan inconsistencias en la declaración patrimonial de un exservidor público presuntamente relacionado con los hallazgos.
La Secretaría de la Honestidad del Estado de Guanajuato precisó que estos elementos forman parte de investigaciones administrativas en curso, por lo que no se han determinado responsabilidades.
Nada firme
Antonio Navarro Padilla. Foto: Redes sociales.
Al respecto, Antonio Navarro Padilla señaló que la información difundida corresponde a procesos de revisión administrativa aún en curso, por lo que se trata de observaciones preliminares que no constituyen resoluciones firmes ni acreditan responsabilidad alguna.
Indicó que existe total disposición de su parte para colaborar con las autoridades competentes y atender cualquier requerimiento, subrayando que las auditorías tienen como finalidad revisar, observar y, en su caso, corregir, por lo que deben seguir su cauce institucional con el tiempo y análisis técnico correspondiente.
Afirmó que todos los procesos de contratación se realizaron conforme a la normatividad vigente y con base en la documentación presentada por los participantes. En ese sentido, señaló que, de existir información no declarada por terceros, corresponde a la autoridad investigarlo y determinar responsabilidades conforme a derecho. Añadió que no tuvo conocimiento de los vínculos que se han señalado.
Asimismo, precisó que no existen “seis denuncias” en su contra, como se ha difundido públicamente, sino únicamente dos procedimientos administrativos en etapa preliminar, sin que exista hasta el momento una resolución de fondo.
Navarro Padilla sostuvo que su relación con las personas mencionadas ha sido estrictamente institucional, sin vínculos personales ni de negocios, y reiteró su respeto a los procesos de auditoría y fiscalización, al considerar que no es correcto prejuzgar ni adelantar conclusiones.
Finalmente, indicó que continúa enfocado en sus responsabilidades dentro del servicio público, actuando con seriedad, transparencia y dentro del marco institucional. Sobre sus presuntas aspiraciones a la presidencia municipal de San Francisco del Rincón, no respondió a los cuestionamientos realizados.
Al inicio de la administración de la gobernadora Libia García, Antonio Navarro fue nombrado subsecretario en la Secretaría del Nuevo Comienzo, cargo que ocupó hasta agosto de 2025, cuando se hizo su cambio a la Secretaría de Gobierno, donde actualmente se desempeña como coordinador de Políticas Públicas y Seguimiento Estratégico con un nivel tabular 16, con ingresos netos mensuales por casi 88 mil pesos, situación que ha sido objeto de pronunciamientos por parte de las autoridades estatales.
Desde hace un año exigen cuentas
El 8 de mayo del año pasado, Congreso del Estado escaló la vigilancia sobre Juventudes GTO al demandar una auditoría integral que abarcó los ejercicios de 2022 a 2024. Los legisladores señalaron que existieron dudas razonables sobre la transparencia en la entrega de apoyos y exigieron fiscalizar gastos detalladamente.
La solicitud a la ASEG incluyó la revisión de licitaciones para eventos masivos y viajes al extranjero. Los diputados cuestionaron el crecimiento exponencial del presupuesto del instituto, el cual no se tradujo en un impacto social claro para la población beneficiada.
La presión política aumentó tras detectarse listas de beneficiarios que presuntamente tuvieron vínculos directos con funcionarios estatales. Por ello, la auditoría buscó deslindar responsabilidades administrativas ante la posible asignación discrecional de recursos públicos.
AAK