La investigación judicial sobre la actividad profesional de Begoña Gómez sigue avanzando entre interrogatorios, recursos y una creciente batalla política. Esta vez, el foco ha recaído sobre José María Torres, presidente de la patronal Conpymes y máximo responsable de la empresa tecnológica Numintec, quien ha reconocido ante el juez Juan Carlos Peinado que su compañía aportó 6.000 euros a la cátedra de Transformación Social Competitiva codirigida por la esposa del presidente del Gobierno.
La declaración, aparentemente limitada desde el punto de vista económico, tiene una relevancia política y simbólica considerable porque sitúa nuevamente bajo escrutinio la red de apoyos empresariales que rodearon el proyecto universitario impulsado desde la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También vuelve a colocar en el centro del debate el delicado equilibrio entre colaboración público-privada, patrocinio académico y posible influencia política en torno a figuras vinculadas al poder institucional.
Torres explicó ante el magistrado que la aportación de Numintec consistió exclusivamente en apoyo económico destinado a becas vinculadas al máster de la cátedra. Según su versión, nunca recibió detalles específicos sobre la gestión concreta de esos fondos y siempre entendió que el software y las iniciativas asociadas pertenecían a la universidad y no a una estructura privada.
Sin embargo, el dato que más impacto ha generado es otro, el empresario reconoció que se trataba de la única cátedra universitaria respaldada económicamente por su empresa. Esa singularidad alimenta inevitablemente las preguntas sobre las razones estratégicas, institucionales o relacionales que llevaron a Numintec a implicarse precisamente en un proyecto liderado por la esposa de Pedro Sánchez.
Aunque desde el punto de vista jurídico una aportación de 6.000 euros resulta modesta frente a otras inversiones detectadas en el sumario —como los más de 110.000 euros atribuidos a Google o los más de 128.000 de Indra—, políticamente la cuestión no gira únicamente alrededor de la cuantía, sino del contexto y de la proximidad entre empresas, instituciones y figuras vinculadas al Gobierno.
Las reuniones y el papel de la asesora de Moncloa
La declaración de Torres se produce en un momento especialmente delicado del procedimiento. El juez Peinado ya ha acordado encaminar la causa hacia un eventual juicio con jurado popular, una decisión recurrida por la defensa de Gómez, por la Fiscalía y también por otros investigados como el empresario Juan Carlos Barrabés. El caso ha evolucionado desde una investigación inicialmente centrada en presunto tráfico de influencias hasta un procedimiento mucho más amplio que incluye posibles delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
El núcleo de la investigación sigue siendo determinar si existió algún tipo de utilización privilegiada de la posición institucional de la esposa del presidente para captar apoyos empresariales, impulsar proyectos universitarios o facilitar relaciones corporativas. En este contexto, cada testimonio adquiere una dimensión política que trasciende lo estrictamente judicial.
Otro de los elementos relevantes de la comparecencia fue la referencia a los encuentros mantenidos con Gómez y con la asesora Cristina Álvarez, investigada también en la causa. Torres confirmó que coincidió con ambas en actos relacionados con la cátedra y en otros eventos empresariales e institucionales. Respecto a Álvarez, defendió que sus funciones estaban vinculadas principalmente a cuestiones de seguridad y comunicación, una afirmación relevante porque el juez investiga precisamente si la asesora pública pudo dedicar recursos y tiempo institucionales a actividades privadas relacionadas con la esposa del presidente.
La línea que separa apoyo institucional, acompañamiento protocolario y colaboración privada se ha convertido en uno de los grandes ejes del procedimiento judicial. Y es precisamente ahí donde el caso adquiere una dimensión especialmente delicada para el Gobierno. @mundiario