La investigación del llamado caso Koldo continúa ampliando su alcance político y judicial. Esta vez, el exasesor ministerial Koldo García ha optado por acogerse a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional sobre la venta de mascarillas a los gobiernos de Baleares y Canarias durante los peores meses de la pandemia, cuando ambas comunidades estaban presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
El silencio de García no supone un cierre del episodio, sino más bien lo contrario, refleja hasta qué punto la causa se ha convertido en una compleja red de derivadas políticas, procesales y administrativas que sigue poniendo bajo presión al entorno del antiguo Ministerio de Transportes y a varias administraciones autonómicas.
La decisión de no responder ante el juez Ismael Moreno llega además en un momento especialmente delicado, apenas después de que el Tribunal Supremo dejara visto para sentencia el juicio contra los principales acusados de la trama, el exministro José Luis Ábalos, el propio García y el empresario Víctor de Aldama.
La defensa de Koldo García sostiene que los contratos de Baleares y Canarias ya fueron abordados durante el juicio celebrado en el Supremo y que volver a investigarlos vulneraría el principio jurídico de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
La estrategia de defensa: evitar una “doble investigación”
Su abogada, Leticia de la Hoz, argumentó que tanto Armengol como Torres ya fueron llamados como testigos en el procedimiento anterior y que las compras autonómicas formaron parte del debate probatorio de la causa principal. Desde esa perspectiva, considera improcedente abrir una nueva línea de interrogatorios en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene una interpretación distinta. El Ministerio Público considera que la investigación sobre Baleares y Canarias no quedó plenamente agotada en el Supremo y que todavía existen indicios por esclarecer respecto a un posible delito de tráfico de influencias y a la expansión territorial de la red de contratos vinculados a Soluciones de Gestión, la empresa asociada a Aldama.
La diferencia no es baladí. Mientras la defensa intenta presentar la causa como un asunto ya enjuiciado, la Fiscalía sostiene que la dimensión autonómica de la trama posee entidad propia y merece un análisis específico.
La influencia política durante la pandemia
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han dibujado un escenario en el que Koldo García habría desempeñado un papel clave como intermediario político y administrativo para facilitar contratos públicos durante la emergencia sanitaria.
En el caso de Baleares, los investigadores destacan que García contactó con Armengol apenas 24 horas antes de que se formalizara la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión. Según la UCO, la rapidez de la operación y el uso de partidas inicialmente destinadas al Ministerio de Transportes apuntan a una capacidad de influencia que trascendía el ámbito estrictamente técnico.
Las pesquisas sostienen que el entonces asesor ministerial utilizaba su cercanía con Ábalos para abrir puertas institucionales y acelerar adjudicaciones en distintas administraciones. Esa tesis constituye uno de los pilares de la acusación de Anticorrupción. En Canarias, la investigación apunta igualmente a una supuesta mediación política para desbloquear pagos y contratos en favor de la empresa vinculada a Aldama. Los informes incorporan mensajes y comunicaciones que reflejarían tensiones internas entre responsables políticos y técnicos de la administración canaria respecto a la tramitación de los expedientes.
Aunque tanto Armengol como Torres han minimizado públicamente su relación con la trama, la causa sigue situando bajo examen los contactos políticos mantenidos durante aquellos meses excepcionales de crisis sanitaria. @mundiario