La investigación del caso Plus Ultra sigue ampliando su alcance tras la divulgación de conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las que varios de los principales investigados hablaban abiertamente de “cortar” las pesquisas judiciales y de activar contactos con capacidad de influencia sobre instancias institucionales.
Los mensajes, incorporados al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, elevan la dimensión política y judicial de una causa que ya no gira únicamente en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia, sino también alrededor de la presunta existencia de una red organizada de intermediación, tráfico de influencias y opacidad financiera.
La causa, que mantiene bajo sospecha actuaciones vinculadas al rescate público aprobado en 2021, ha ido ampliando progresivamente su radio de acción hasta incluir presuntas conexiones con empresarios venezolanos, estructuras societarias opacas, pagos bajo apariencia de consultoría y supuestos intentos de influir en procedimientos administrativos y judiciales. En este contexto, las conversaciones intervenidas por la UDEF representan un punto de inflexión narrativo y procesal. Según los informes policiales incorporados a la causa, algunos de los investigados daban por hecho que existían canales de influencia capaces de modificar o frenar actuaciones judiciales relacionadas con el rescate de la aerolínea.
La frase “hay que cortar”, atribuida al empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, resume el tono de unas comunicaciones que, según la Policía, evidenciarían preocupación por el avance de las diligencias judiciales que entonces dirigía la jueza Esperanza Collazos en Plaza de Castilla. La relevancia del contenido no reside únicamente en la literalidad de los mensajes, sino en el contexto en el que fueron emitidos, un momento en el que la compañía trataba de consolidar el acceso a fondos públicos mientras aumentaban las dudas sobre la viabilidad real de la aerolínea y sobre la legalidad del procedimiento utilizado para aprobar el rescate.
La referencia a una “Kitchen Gabinet” y el peso de las influencias
Uno de los elementos más llamativos de las conversaciones es la referencia a la necesidad de montar una “Kitchen Gabinet” —expresión utilizada de manera informal por los investigados— para afrontar la evolución del procedimiento. El término evoca estructuras paralelas de influencia política y asesoramiento informal alejadas de los cauces oficiales. Es, sobre todo, una alusión a la macrooperación paralela instalada en la cúpula del Ministerio del Interior para extraer la documentación posiblemente comprometedora que pudiera tener el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para impedir que llegara a manos de la Justicia que instruía el caso Gürtel bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
De acuerdo con los informes policiales, en esos intercambios se menciona incluso la posibilidad de recurrir a contactos personales con capacidad de interlocución institucional. La UDEF interpreta estas comunicaciones como indicios de una estrategia organizada para tratar de influir tanto en la tramitación administrativa del rescate como en la evolución de las investigaciones judiciales posteriores.
La Policía sostiene además que las conversaciones “refuerzan y complementan” la tesis de que existían dos grandes canales de influencia, la denominada “vía Ábalos” y la “vía Zapatero”. Ambas habrían actuado, según los investigadores, de manera complementaria para facilitar contactos, mediaciones y acceso a determinados responsables públicos.
No obstante, conviene subrayar que las interpretaciones policiales forman parte de una investigación en fase de instrucción y que las personas investigadas mantienen intacto su derecho a la presunción de inocencia. Hasta la celebración de un eventual juicio oral y la existencia de una sentencia firme, ninguna de las hipótesis recogidas en los informes puede considerarse probada judicialmente.
Los mensajes sobre la SEPI y los supuestos contactos políticos
Otro de los aspectos más relevantes del sumario es el análisis de las comunicaciones relativas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo encargado de gestionar el fondo de rescate para empresas estratégicas afectadas por la pandemia.
La UDEF considera especialmente significativo un intercambio de mensajes de octubre de 2020 entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, actual presidente de Plus Ultra, en el que este último afirma encontrarse “con los Zapatero y los chinos”. La Policía interpreta que esas conversaciones coinciden temporalmente con reuniones y gestiones relacionadas con la tramitación de la ayuda pública.
Los investigadores también ponen el foco sobre pagos realizados posteriormente a Análisis Relevante, la consultora vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y una de las figuras centrales del procedimiento.
Según la tesis policial, los pagos por supuestos trabajos de consultoría podrían haber servido como mecanismo de canalización de fondos relacionados con labores de intermediación política. La defensa de los investigados, sin embargo, sostiene que los servicios prestados fueron legales y reales, y niega cualquier irregularidad en las relaciones comerciales examinadas.
El trasfondo político de la causa
El caso Plus Ultra ha terminado desbordando el terreno estrictamente judicial para convertirse en un foco de confrontación política de primer orden. La reciente admisión de PP, Vox y Hazte Oír como acusaciones populares confirma hasta qué punto el procedimiento ha adquirido una dimensión pública y partidista.
La entrada de estas formaciones y asociaciones en la causa añade presión sobre una investigación que ya afecta directamente a una figura de enorme relevancia institucional como Rodríguez Zapatero. El expresidente ha negado cualquier implicación ilícita y sostiene que las acusaciones responden a una campaña de desgaste político y mediático.
Sin embargo, el avance de las diligencias, la apertura de piezas separadas bajo secreto y la aparición de nuevas conversaciones y movimientos financieros internacionales han incrementado la complejidad del procedimiento. La Audiencia Nacional trata ahora de determinar si existió realmente una estructura organizada dedicada al tráfico de influencias y al cobro de comisiones vinculadas al rescate de la aerolínea. @mundiario