-¿Quién de la “narcobancada” mandó a Corral?
-FGR cita a Maru...y la empata con Rocha Moya
-Movimiento futurista en Finanzas de UACJ
-Crece problema económico para Trump
“Y así, Javier Corral pasó de denunciar telebancadas a integrar una narcobancada”, fue la frase del periodista Alfredo Lecona en la red social X, una de muchas demoledoras expresiones en torno a la documentada reunión del senador y exgobernador de Chihuahua, con su compañero sinaloense Enrique Inzunza Cázares.
El encuentro, reconocido por el expanista horas después de que fuera difundida la imagen obtenida por el periodista Pascal Beltrán del Río, fue en el Country Club de Culiacán —“un lugar público”, según Corral— donde desayuna, come y cena la élite política, económica y fáctica de Sinaloa.
Evidentemente, según las imágenes del lugar, es un sitio de lujo con accesos controlados. Está lejos de ser público, pero no fue eso lo que generó las reacciones por la borrosa imagen de ellos juntos, sino la necesidad, amistad o complicidad que une a ambos senadores, los dos prófugos de la justicia —uno de la de Chihuahua, el otro de la estadounidense—, pero ambos con fuero.
¿Quién mandó a Corral a encontrarse con su compañero de bancada? ¿De qué fueron a platicar? ¿Qué pudo motivar al oportunista, vividor, traidor y convenenciero expanista para arriesgarse a ver a uno de los ocho morenistas de Sinaloa que, junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, tienen una ficha roja de Interpol porque los requiere la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos?
¿En calidad de qué fue Corral? ¿De amigo, compañero de bancada, mensajero o ciudadano estadounidense? ¿De qué tamaño son los intereses que los unen o qué le sabe Inzunza a Corral para motivarlo a exponerse a una “narcofoto”?
Las expresiones de repudio en las redes —de las que dejamos evidencia gráfica en la versión digital de La Columna— no alcanzan a responder tantas interrogantes.
La ridícula explicación del senador por Chihuahua protegido por Morena, eso de que fue en “lugar público”, que no fue un hecho indebido y que acudió a escucharlo, parece esconder otra realidad: esa de la narcopolítica evidenciada en Sinaloa y escalada hasta los más altos niveles de la 4T, protectora de Rocha Moya, Inzunza y demás personajes ligados, incluido el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Mientras el vocero y fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, actúa como abogado de oficio de los sinaloenses —como en el pasado actuó con Corral, cuando iba a ser detenido en la Ciudad de México—, suponemos que toma nota de todo, especialmente de lo que hace su conciudadano, el embajador de Estados Unidos, Ronald “Ron” Johnson.
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Tras la serie de entrevistas que dio Maru Campos en la Ciudad de México y luego de la escandalosa foto en Culiacán de los senadores prófugos Javier Corral y Enrique Inzunza, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aparecieron el sábado en Palacio de Gobierno para entregarle un citatorio a la gobernadora.
De pura casualidad, la notificación para comparecer este miércoles en la sede estatal de Ciudad Juárez de la FGR fue recibida por la propia mandataria, quien había llegado poco antes a su despacho.
Flanqueada por Santiago de la Peña y Fernando Álvarez Monge, además de Roberto Gil y otros asesores, recibió ella misma el citatorio y lo leyó, para luego despedir con enorme sonrisa a los agentes del Ministerio Público Federal, Joel Cruz y Roberto Chaparro, ante quienes lamentó el quebranto absoluto de la institucionalidad.
Campos Galván les precisó a los agentes que ellos nomás cumplían con su trabajo y lo respetaba, pero no dejó pasar el momento para exhibir que la FGR había sido incapaz de citar al gobernador de Sinaloa con licencia -y sin fuero-, Rubén Rocha Moya.
Tras recibir el citatorio, en Palacio surgieron corrientes que aconsejaron a Maru no acudir; acudir y no declarar o mandar una declaración por escrito, valiéndose de su derecho y de la protección constitucional que tiene, pero seguramente de aquí al miércoles decidirá cómo responder al llamado que, de varias formas, rompe los límites de la legalidad.
Más tarde, la FGR salió a precisar que la mandataria era llamada en calidad de testigo, junto con el exfiscal general, César Jáuregui, pero el trancazo mediático ya lo había dado. También, la instancia se sacó de la manga citatorios para Rocha Moya y su camarilla, incluido el senador Inzunza, que se mantiene en el cargo.
Lo que queda claro, por ahora, es que la FGR ha decidido ir con todo por Campos Galván, mientras empata su caso con el del morenista Rocha Moya o al menos eso aparenta en lo que decide qué hacer con esa papa caliente que Estados Unidos quiere poner ante un juez para ser procesado por narcotráfico.
El doble rasero ya ha quedado en evidencia a pesar del intento de que no se note. Eso lleva a la 4T a un terreno peligroso, tanto o más del que pisa la gobernadora.
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La grilla interna en la UACJ parece acercarse a un punto de ebullición. Empieza a burbujear.
Desde la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional se han venido reconfigurando —no sin polémica— áreas clave de la administración universitaria.
Esta vez, el turno fue para la Dirección de Finanzas, encabezada por Karla Salinas, a quien, de manera sorpresiva, le fue retirada la Subdirección de Programación y Presupuesto: el espacio donde, en términos llanos, se decide el destino de los recursos de cada área universitaria.
Lejos de tratarse de un movimiento fortuito, en los pasillos se comenta que la maniobra tiene autor y estrategia.
Antonio de la Mora, agrónomo de formación, no habría sido un simple receptor del reacomodo, sino uno de sus principales arquitectos, convenciendo nuevamente al rector, Daniel Constandse, sobre la pertinencia —o conveniencia— del ajuste.
Con ello, no solo gana control sobre la “llave” presupuestal, sino que consolida una posición privilegiada en el tablero político universitario.
No son pocos los que interpretan este movimiento como un paso más en la construcción de una ruta personal hacia la rectoría, aspiración que, es inocultable, ha cultivado desde hace años.
Y en ese juego, la memoria institucional cuenta: los recientes desaires a sus intentos de auditoría bajo estándares ISO podrían ahora traducirse en facturas por cobrar.
En política universitaria, como bien se sabe, los equilibrios rara vez son gratuitos.
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Mientras la inflación vuelve a acercarse al cuatro por ciento y la gasolina supera los cuatro dólares por galón en buena parte de Estados Unidos, los consumidores estadounidenses comienzan a mostrar señales más visibles de agotamiento financiero.
El aumento en las solicitudes de asesoría crediticia refleja que muchas familias ya no solo están ajustando gastos: están tratando de sobrevivir al peso acumulado de tarjetas de crédito, préstamos automotrices y un costo de vida que no terminó de normalizarse tras la pandemia.
La economía estadounidense sigue creciendo en los indicadores generales, pero debajo de esa superficie aparece un consumidor cada vez más presionado.
En ese contexto, la llegada de un nuevo presidente a la Reserva Federal añade todavía más atención sobre el rumbo económico de los próximos meses.
La Fed enfrenta un dilema complicado: si mantiene tasas altas para combatir la inflación, corre el riesgo de profundizar el desgaste financiero de millones de hogares; pero si baja las tasas demasiado pronto, podría reactivar presiones inflacionarias justo cuando los precios energéticos vuelven a tensionar la economía.
El problema ya no es únicamente técnico o monetario, sino social y político.