El Ministerio de Hacienda ha iniciado una nueva fase para intentar renovar la financiación de las comunidades autónomas con el envío de un borrador técnico a los territorios de régimen común. El documento incluye una propuesta que aumentaría en 20.975 millones de euros los recursos disponibles para las autonomías y plantea cambios en la forma de calcular las necesidades de cada región.
La reforma mantiene como eje central una mayor participación autonómica en los ingresos tributarios. Entre las medidas previstas figura que las comunidades reciban una mayor proporción de la recaudación del IRPF y del IVA, con el objetivo de reforzar su capacidad financiera y reducir la dependencia de las transferencias estatales.
Además, Hacienda propone actualizar el concepto de población ajustada, el criterio utilizado para determinar cuánto dinero necesita cada territorio para prestar servicios públicos. El nuevo cálculo incorporaría factores como el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica, la despoblación, la población escolar o la insularidad.
El Gobierno busca convertir el debate político en una discusión técnica
Con el envío del borrador, Hacienda pretende abrir una etapa de diálogo antes de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde Estado y comunidades deben abordar la reforma. El Ejecutivo insiste en que el documento no es definitivo y que puede modificarse durante las negociaciones técnicas y posteriormente en el Congreso.
La estrategia del Gobierno pasa ahora por centrar la discusión en el impacto concreto que tendría el nuevo modelo en cada territorio. Según Hacienda, todas las comunidades recibirían más financiación y ninguna perdería recursos respecto al sistema actual.
Sin embargo, el camino hacia un acuerdo sigue siendo complicado. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado hasta ahora negociar de forma bilateral con el Ministerio y defienden que una reforma de esta magnitud debe debatirse únicamente en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
También existen reticencias entre algunos socios parlamentarios del Ejecutivo. Junts ha mostrado su rechazo al planteamiento al considerar que no responde suficientemente a las demandas de Cataluña, una cuestión que añade presión política a la tramitación de la reforma.
Una reforma marcada por el conflicto territorial
El nuevo modelo tiene su origen en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para avanzar hacia una financiación singular para Cataluña. Aunque Hacienda ha transformado posteriormente la propuesta en un planteamiento general para todas las autonomías, la negociación inicial continúa siendo uno de los principales puntos de controversia.
Las comunidades críticas consideran que el diseño puede generar un trato desigual entre territorios y cuestionan que una reforma del sistema común tenga como punto de partida un pacto bilateral. El Gobierno, por su parte, defiende que la propuesta busca reforzar la autonomía financiera y mejorar la distribución de recursos.
La financiación autonómica lleva pendiente de actualización desde 2014, aunque el sistema vigente comenzó a aplicarse en 2009 con la previsión de ser revisado cinco años después. La dificultad para alcanzar un consenso ha convertido esta reforma en una de las grandes asignaturas pendientes de la política territorial española.
Ahora, Hacienda afronta una negociación compleja en un escenario parlamentario fragmentado. El objetivo del Ejecutivo es que el nuevo modelo pueda entrar en funcionamiento en 2027, pero antes deberá superar las diferencias entre comunidades y conseguir los apoyos necesarios para aprobarlo en las Cortes. @mundiario