Coordinadores parlamentarios de las bancadas del PRI, PAN y MC consideran que Morena intenta equiparar los casos de Maru Campos, quien desmanteló un laboratorio del narco, con el caso del morenista Javier Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado de colaborar de forma directa con el narco, con el fin de formar una cortina de humo ante el creciente rechazo de la ciudadanía.
El panista Alfredo Chávez aseguró que el Gobierno federal usa la justicia como herramienta política, la cual no deben utilizar para construir una falsa equivalencia con otros casos que enfrentan señalamientos y actuaciones internacionales, necesaria para generar presión política o distraer la atención de asuntos que hoy enfrentan otro nivel de cuestionamiento público.
Chávez Madrid señaló que Chihuahua ha sostenido acciones en materia de seguridad y combate al crimen organizado que deben evaluarse por resultados y no por narrativas, a la vez afirmó que existe preocupación cuando el debate deja de centrarse en los hechos y comienza a construirse alrededor de mensajes políticos.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Sánchez, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) es un brazo ejecutor del régimen morenista, y consideró que no es coincidencia la publicación de un boletín de prensa a través del cual, de forma errática, combinan dos investigaciones y tratan de generar una equiparación en los dos casos.
“Queda evidenciado con esta actuación que la FGR, lejos de ser un ente autónomo, lejos de actuar con imparcialidad, lejos de cumplir con su mandato legal y constitucional, se erige como un brazo ejecutor del régimen”, declaró Sánchez Villegas.
El emecista calificó de absurda la manera de politizar la justicia e intentar generar cortinas de humo desde el centro del país para vulnerar la soberanía estatal.
Persecución política para intimidar a oposición
Arturo Medina, coordinador priista, acusó al Gobierno federal encabezado por Morena de utilizar a las instituciones de procuración de justicia como herramientas de persecución política, con el objetivo de intimidar a la oposición y controlar el terreno electoral rumbo al 2027.
“Cada vez es más evidente que Morena pretende convertir las instituciones del país en herramientas de persecución y presión política. Están utilizando la Fiscalía General de la República para intimidar, acosar y tratar de debilitar a quienes consideran adversarios. Ese es el comportamiento típico de los regímenes autoritarios”, sostuvo.
Cuestionó además que la Fiscalía actúe con rapidez y espectacularidad en casos relacionados con actores de oposición, mientras permanece omisa ante señalamientos públicos realizados contra personajes vinculados a Morena.
“Resulta evidente la selectividad con la que aplican la ley. Hasta este momento no hemos visto citar a declarar a personajes señalados públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado, como el senador Enrique Inzunza, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila o el senador Adán Augusto López. Ahí la Fiscalía guarda silencio absoluto”, sentenció Medina Aguirre.
