La política española vive desde hace años una transformación estructural que ha terminado por alterar las bases sobre las que se diseñó el sistema parlamentario de 1978. El bipartidismo imperfecto que dominó durante décadas el Congreso ha dejado paso a una fragmentación permanente donde los partidos territoriales y las formaciones minoritarias desempeñan un papel decisivo. En ese nuevo tablero, el control de los grupos parlamentarios se ha convertido en una pieza esencial del equilibrio de poder.
Por eso la reforma impulsada esta semana en el Congreso tiene una dimensión política mucho mayor de lo que aparenta. El PSOE ha decidido respaldar una modificación del Reglamento que reduce significativamente las exigencias para formar grupo propio, una vieja reivindicación de ERC, Junts, PNV o EH Bildu. El movimiento no llega en un momento cualquiera. Se produce en plena presión sobre el Ejecutivo por los casos judiciales que afectan al entorno socialista y cuando la estabilidad parlamentaria depende más que nunca de mantener cohesionada a la mayoría de investidura.
La propuesta rebaja del 5 % al 3 % el umbral estatal necesario para crear grupo parlamentario y reduce del 15 % al 10 % el porcentaje requerido en las circunscripciones donde se presenta cada candidatura. La diferencia puede parecer técnica, pero sus consecuencias son profundas. Bajo las normas actuales, muchas formaciones nacionalistas o minoritarias necesitan maniobras parlamentarias complejas —como el préstamo temporal de diputados— para acceder a grupo propio. Con la reforma, ese blindaje quedaría prácticamente garantizado.
Tener grupo parlamentario supone acceder a subvenciones públicas, asesores, mayor tiempo de intervención, mayor presencia institucional y capacidad de iniciativa legislativa. En un Congreso tan fragmentado como el actual, disponer de voz propia equivale a multiplicar la influencia política. De ahí que los partidos independentistas consideren esta batalla prioritaria.
La admisión a trámite de la propuesta este martes pone en evidencia progresiva normalización de una lógica parlamentaria donde los aliados del Gobierno no sólo negocian leyes o presupuestos, sino también las propias reglas del funcionamiento institucional. Para el bloque de investidura, se trata de adaptar el Congreso a la “pluralidad política y territorial” surgida de las urnas. Pero la oposición denuncia otra cesión diseñada para mantener viva la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez.
Los socios reivindican la reforma rechazada por PP y Vox
El PSOE intenta presentar la reforma como una actualización democrática coherente con la nueva realidad multipartidista española. Sus socios argumentan que el reglamento de 1982 nació pensado para un sistema dominado por grandes partidos estatales y que hoy penaliza artificialmente a fuerzas territoriales que representan a millones de votantes. ERC insiste en que “no se trata de privilegios, sino de democracia”. Sumar habla de reforzar la plurinacionalidad del Estado. El PNV defiende que la medida permitirá dar visibilidad a “realidades nacionales y regionales” históricamente infrarepresentadas.
Sin embargo, la lectura política resulta inevitable. El Gobierno sabe que sus socios atraviesan un escenario electoral incierto. Junts y ERC compiten ferozmente entre sí en Cataluña; Podemos lucha por sobrevivir fuera de Sumar; el BNG depende de márgenes muy estrechos; y EH Bildu y PNV libran una batalla creciente por la hegemonía vasca. Facilitar la formación de grupos propios implica asegurarles recursos, presencia y capacidad negociadora incluso en escenarios de retroceso electoral.
La reforma también elimina buena parte de la discrecionalidad que hasta ahora acompañaba la constitución de grupos parlamentarios. En esta legislatura, el PSC y En Comú facilitaron mediante préstamos de diputados que ERC y Junts pudieran tener grupo propio pese a no cumplir claramente los requisitos reglamentarios. Con las nuevas reglas, ese tipo de maniobras dejarían de ser necesarias porque el acceso quedaría prácticamente garantizado.
Ahí reside una de las claves de fondo. La legislatura actual ha consolidado un modelo de gobernabilidad donde las formaciones territoriales no son actores complementarios, sino piezas centrales de la arquitectura política española. Y eso obliga al PSOE a mantener una negociación permanente no sólo sobre políticas públicas, sino también sobre poder institucional.
La reacción de PP y Vox evidencia hasta qué punto consideran estratégica esta batalla. Ambos partidos denuncian que la reforma busca “comprar apoyos” y blindar artificialmente a socios que podrían sufrir desgaste electoral en futuros comicios. A su juicio, el cambio no persigue mejorar la representatividad, sino preservar la mayoría parlamentaria de Sánchez a cualquier precio. @mundiario