El PSOE atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años tras la irrupción de una nueva investigación judicial que amenaza con abrir una profunda crisis política y orgánica dentro del partido. Apenas una semana después de la sacudida provocada por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede socialista de la calle Ferraz ha disparado todas las alarmas en el entorno de Pedro Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta organización dedicada, según sostiene en sus resoluciones, a obstaculizar causas judiciales que afectaban tanto al PSOE como a miembros del Gobierno o al círculo próximo del presidente. La investigación apunta directamente al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, al que el magistrado sitúa en una posición de mando dentro de la supuesta estructura.

Según el instructor, Cerdán habría utilizado recursos y medios del partido para coordinar una estrategia encaminada a neutralizar investigaciones sensibles, entre ellas las relacionadas con el caso Koldo, las diligencias sobre Begoña Gómez o la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno. La resolución judicial describe una actividad continuada basada en reuniones, pagos, contactos con investigados y operaciones dirigidas a desacreditar a miembros de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil.

Uno de los elementos más llamativos del sumario es el elevado número de encuentros detectados por los investigadores. La UCO ha documentado al menos 22 reuniones celebradas en la sede nacional del PSOE entre Leire Díez y Santos Cerdán, además de otros encuentros paralelos con empresarios, abogados y antiguos cargos públicos. Para el juez, estas citas servían para coordinar actuaciones y compartir información sobre las investigaciones abiertas.

El origen de la supuesta trama se remonta a la primavera de 2024, coincidiendo con el momento político más crítico para Sánchez tras la apertura de diligencias contra su esposa. El magistrado considera especialmente relevante una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de ese año, en pleno “periodo de reflexión” anunciado por el presidente del Gobierno. Aquel encuentro habría supuesto, según el auto, un auténtico “punto de inflexión” en la organización de las maniobras investigadas.

En aquella cita participaron Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el entonces director de Comunicación del PSOE Ion Antolín y Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez. Los investigadores creen que, a partir de entonces, comenzó una estrategia coordinada para desacreditar investigaciones judiciales y policiales consideradas peligrosas para el Ejecutivo y el partido.

La figura de Díez aparece como uno de los ejes fundamentales de la causa. La exmilitante socialista, que siempre ha negado actuar como “fontanera” del PSOE, está acusada de coordinar contactos, buscar información sensible y participar en operaciones para influir en procedimientos judiciales. El sumario recoge además conversaciones y mensajes que, según el juez, evidenciarían pagos periódicos destinados a sufragar estas actividades.

La investigación sostiene que Díez habría recibido remuneraciones mensuales de 4.000 euros mediante sociedades vinculadas al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver. Pedraz sospecha que dichas operaciones se diseñaron para ocultar el verdadero origen de los fondos y evitar que aparecieran directamente relacionados con el PSOE.

La causa también incorpora supuestos intentos de soborno. Uno de los episodios más graves afecta a Carmen Pano, empresaria vinculada al caso hidrocarburos y conocida por declarar que entregó dinero en la sede socialista de Ferraz. Según el juez, miembros de la trama intentaron ofrecerle 50.000 euros para modificar su testimonio judicial. Las conversaciones intervenidas por los investigadores muestran expresiones especialmente comprometedoras, donde se llega a afirmar que la testigo “se vende” y que solo había que “saber comprar”.

Otro de los focos de la investigación se centra en las presiones y maniobras contra fiscales y agentes de la UCO. El juez describe una ofensiva para obtener información sensible sobre mandos policiales y representantes de Anticorrupción, especialmente sobre el fiscal José Grinda y responsables de las investigaciones relacionadas con el entorno de Sánchez.

El sumario incluye grabaciones y reuniones con guardias civiles investigados en otras causas, donde presuntamente se facilitó información reservada sobre la estructura interna de la UCO y las pesquisas abiertas. Uno de los agentes llegó incluso a reconocer, según el auto, que estaba revelando datos de carácter secreto.

La investigación también salpica de lleno a la estructura económica del PSOE. La gerente del partido, Ana Fuentes, ha sido imputada por su posible participación en la emisión de facturas supuestamente falsas destinadas a canalizar pagos relacionados con la trama. El magistrado sospecha que desde la Secretaría de Organización se habrían facilitado mecanismos administrativos y logísticos para sostener las actividades investigadas.

El empresario Javier Pérez Dolset ocupa igualmente un papel central en la causa. El fundador de Zed WorldWide aparece relacionado con contactos destinados a recopilar información contra fiscales, jueces y miembros de la Guardia Civil. Las pesquisas apuntan además a la utilización de campañas de comunicación y filtraciones para erosionar la credibilidad de determinadas investigaciones judiciales.

Mientras tanto, el PSOE trata de contener el impacto político de un caso que amenaza con convertirse en una de las mayores crisis internas de la etapa de Pedro Sánchez. La presencia de la Guardia Civil en Ferraz ha supuesto un golpe simbólico de enorme dimensión para los socialistas, especialmente por el momento político en el que se produce y por la gravedad de las acusaciones descritas por el magistrado.

La investigación sigue bajo secreto parcial y no se descartan nuevas imputaciones ni nuevas diligencias en las próximas semanas. Lo que ya parece evidente es que la Audiencia Nacional ha abierto un frente judicial de enorme alcance, con derivadas políticas imprevisibles y que vuelve a colocar al PSOE bajo una intensa presión institucional y mediática. @mundiario