
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este miércoles que el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con una Notificación Roja emitida por la Interpol.
A través de una publicación difundida en redes sociales, la dependencia federal señaló que, luego de realizar consultas con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en contra del mandatario sinaloense.
“La SSPC informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”, indicó la institución en el comunicado.
El pronunciamiento ocurre en medio de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra diversos funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, así como de las comparecencias realizadas ante la Fiscalía General de la República en Culiacán.
Hasta el momento, Rocha Moya no ha emitido una postura adicional tras la publicación de la SSPC.
La notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. No es una orden de detención internacional.
Los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona.
El pasado 29 de abril el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, a quienes señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de colaborar en el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense.
Entre los nombres destacan figuras de la política sinaloense, como el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázarez y el Presidente Municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
En el caso de Rocha Moya, la acusación lo señala como la figura central del esquema.
Según el documento, a principios de 2021, mientras hacía campaña para la Gubernatura, Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López en un encuentro protegido por sicarios del cártel armados con ametralladoras y otras armas.
En esa reunión, los líderes de “Los Chapitos” prometieron garantizar su triunfo electoral y a cambio presuntamente se comprometió a colocar en puestos de autoridad a funcionarios favorables a las operaciones de tráfico de drogas del cártel.
Los cargos en su contra son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es la cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.