México vive una transformación acelerada en la forma de realizar pagos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 muestra que 76.5% de la población cuenta con al menos un producto financiero formal y que el uso de aplicaciones móviles para realizar operaciones financieras pasó de 54% en 2021 a 69% en 2024. Sin embargo, existe un dato que obliga a reflexionar: 85% de las compras menores a 500 pesos continúa realizándose en efectivo. Entonces, la pregunta es evidente: si cada vez hay más cuentas, más aplicaciones y más infraestructura tecnológica, ¿por qué el efectivo sigue siendo el principal medio de pago para millones de mexicanos?
La respuesta es que la inclusión financiera no puede medirse únicamente por el acceso a productos financieros o por el número de herramientas digitales disponibles. La verdadera inclusión ocurre cuando las personas y los pequeños negocios encuentran valor en utilizarlas.
En los últimos meses, la conversación pública se ha centrado en acelerar la digitalización de los pagos. La Asociación de Bancos de México ha impulsado una estrategia orientada a reducir el uso del efectivo y promover medios electrónicos de pago. El objetivo es positivo pues generar mayor trazabilidad, facilitar las transacciones y construir historial financiero sí permite ampliar el acceso al crédito.
Cada pago digital genera información. Para un pequeño comercio, esa información puede convertirse en una puerta de entrada al financiamiento, a mejores condiciones crediticias y a herramientas que le permitan crecer. Desde esta perspectiva, los pagos digitales son mucho más que una forma de cobrar; son una herramienta de inclusión financiera y desarrollo económico.
Sin embargo, la transición debe construirse con evidencia. Por eso me parece relevante el acuerdo alcanzado entre autoridades, instituciones financieras y el sector gasolinero para reducir temporalmente las cuotas de intercambio asociadas a los pagos con tarjeta. Más allá de sus efectos inmediatos, este esfuerzo representa una oportunidad única para observar y generar evidencia de cómo reaccionan consumidores, comercios e instituciones financieras cuando disminuyen los costos de aceptación de medios electrónicos.
En los hechos, México cuenta hoy con una especie de laboratorio regulatorio que permitirá responder preguntas fundamentales. ¿La reducción de costos para los comercios incrementa realmente el uso de tarjetas? ¿Disminuye el uso del efectivo? ¿Los beneficios llegan al consumidor final? ¿Qué impacto tiene sobre las instituciones financieras que atienden segmentos tradicionalmente excluidos? ¿una persona deja de usar efectivo porque encontró una mejor alternativa o porque la regulación se lo dificulta?
Las respuestas son importantes porque no todas las instituciones financieras enfrentan los mismos retos. Los bancos de inclusión, las fintech y los transmisores de dinero suelen operar en segmentos donde la banca tradicional tiene menor presencia y donde los desafíos de inclusión financiera siguen siendo más profundos. Por ello, las políticas públicas orientadas a impulsar los pagos digitales deben reconocer esta diversidad. La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado ampliar el acceso a los servicios financieros suelen acompañar estos esfuerzos con incentivos específicos para las instituciones que atienden a las poblaciones más vulnerables.
En resumen, la tecnología, por sí sola, no produce inclusión financiera. Lo que genera inclusión es que las personas puedan vender más, acceder a crédito, administrar mejor sus recursos y participar plenamente en la economía formal. Si los pagos digitales logran ese objetivo, su adopción ocurrirá de manera natural. Ese debe ser el verdadero reto de la transformación financiera que México está construyendo.