El presidente Zapatero representa, para muchos observadores críticos, el último estadio de la degradación institucional, política y moral a la que Pedro Sánchez ha sometido a España durante sus años de mandato.
El hecho, lamentablemente histórico, de que un expresidente del Gobierno de España se siente por primera vez ante un juez de instrucción, acusado de liderar una organización criminal y de cometer otros delitos de gravedad, va más allá del mero dato judicial y certifica un profundo deterioro institucional. La excepcionalidad en la que hemos entrado dolorosamente como país, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, consiste en que está bajo sospecha toda la actuación de quien pretendió ejercer como hombre de Estado.
Tras su declaración de hoy como investigado, que se prolongó durante tres horas, el magistrado Calama considera que Zapatero "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad". Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares solicitaron, por ello, la retirada de su pasaporte ante un eventual riesgo de fuga. Calama, razonada y fundadamente, no accedió a la petición debido a la "visibilidad pública" del investigado, pese al entramado internacional con el que parece contar Zapatero y a una red de apoyos en el extranjero formada por gobiernos cuya actuación suscita controversia.
La declaración de Zapatero no logra disipar las dudas que mantienen abierta la investigación
El intento que se desprende de los erráticos argumentos de la defensa de Zapatero para separar su labor como expresidente de su actividad empresarial dibuja con precisión los contornos del problema ético y moral que subyace en esta causa penal. El propio discurso que intenta sostener Zapatero explica mejor que nadie la profundidad del abismo al que nos asomamos. El ya imputado asegura, desde una ingenuidad aparentemente calculada, que no trabajó para Plus Ultra, sino para Análisis Relevante, la empresa que habría ejercido presuntamente como intermediaria para que pudiera percibir importantes cantidades económicas por sus servicios. ¿Medio millón de euros por contratos e informes verbales? Solo desde un inaceptable cinismo puede comprenderse semejante línea de defensa.
Lo mismo sucede con el intento de cuestionar las pruebas por las dudas sobre su obtención en Estados Unidos o con el argumento de que los delitos habrían prescrito. Son justificaciones que guardan escasa coherencia con la proclamada inocencia de Zapatero y que resultan sorprendentes en una figura política rescatada por el sanchismo de su anterior ostracismo político.
Si en el PSOE se había confiado en que esta declaración ofrecería una oportunidad para despejar todas las sospechas que pesan sobre él, la realidad ha sido justamente la contraria. Zapatero ha traicionado, a juicio de sus críticos, la institucionalidad asociada a su antiguo cargo al no responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, al remitirse a un escueto comunicado y al solicitar más tiempo para ofrecer explicaciones sobre la posesión de una fortuna en joyas cuyo origen sigue sin aclararse.
Todo el tiempo que solicita refuerza la impresión de que, en realidad, está buscando una coartada. ¿Qué ejemplo de colaboración con la Justicia ofrece quien ocupó la Presidencia del Gobierno? Más bien lo contrario. Su estrategia recuerda, para sus detractores, a la utilizada por numerosos investigados en procedimientos penales. Zapatero representa así el último estadio de la degradación institucional, política y moral que, según esta visión crítica, Pedro Sánchez ha propiciado durante sus años de mandato. Por ello se ve obligado a responder ya no solo ante sus votantes y ante los ciudadanos de este país, sino también ante su propia conciencia. @mundiario
