La imagen de José Luis Rodríguez Zapatero cruzando este miércoles la puerta principal de la Audiencia Nacional tiene una dimensión que va mucho más allá de la causa judicial que investiga el rescate de Plus Ultra y las actividades económicas bajo sospecha de su entorno. La comparecencia del expresidente como investigado representa uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria política de un país, no solo por sus implicaciones judiciales, sino por el simbolismo institucional que encierra.
Por primera vez desde la restauración democrática, un expresidente del Gobierno comparece ante un juez de la Audiencia Nacional en calidad de investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando. El hecho, por sí solo, constituye un acontecimiento histórico que amaga con marcar el futuro del país.
La estrategia de Zapatero parece clara, reivindicar su presunción de inocencia, desvincularse de cualquier estructura de influencia irregular y presentar las acusaciones como insuficientemente sustentadas. Su entorno insiste en que llega convencido de que no participó en ninguna actuación ilegal y dispuesto a defender públicamente esa posición.
Sin embargo, el desafío para el expresidente no se limita a responder sobre los indicios que han llevado al juez José Luis Calama a situarlo como el “vértice” de una presunta organización criminal que habría influido en instituciones en España y en otros países. También deberá afrontar el grave deterioro reputacional que supone verse asociado a una trama bajo sospecha en torno al rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana, una operación que ya generó una intensa controversia política desde el momento en que fue aprobada durante la pandemia, y que ahora las fiscalías de Francia y Suiza incardinan en una trama de blanqueo de capitales de la corrupción en Venezuela.
La causa ha evolucionado significativamente desde sus primeras fases. Lo que comenzó como una investigación sobre posibles influencias en decisiones públicas terminó ampliándose hacia aspectos patrimoniales y fiscales tras el hallazgo de alhajas de alta joyería valoradas en más de un millón de euros durante el registro practicado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el despacho del expresidente, en la calle Ferraz. Esa ampliación elevó la presión jurídica sobre el antiguo líder del PSOE y multiplicó la atención mediática alrededor del procedimiento.
Sánchez enfrenta el temporal de Zapatero
El caso también adquiere una dimensión política inevitable. La declaración de Zapatero coincide con un contexto especialmente complejo para Pedro Sánchez, obligado a afrontar en el Congreso una nueva ofensiva de la oposición sobre los distintos procedimientos judiciales que afectan a figuras vinculadas al entorno socialista.
Aunque el Ejecutivo ha insistido en el respeto a la presunción de inocencia y en la necesidad de dejar actuar a la Justicia, resulta difícil ignorar el impacto que tiene sobre el Gobierno la imagen de uno de los referentes históricos del PSOE sentado ante un juez. Zapatero sigue siendo una figura influyente dentro del espacio progresista español y conserva un papel relevante como figura histórico de los socialistas.
Precisamente por ello, la trascendencia de esta declaración no se limita a determinar la posible responsabilidad penal de una persona concreta. También pone a prueba la capacidad de resistencia política de un partido que ha convertido la defensa de la ejemplaridad institucional en uno de los pilares de su discurso público. @mundiario