La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional era una de las imágenes más esperadas de la política española desde que se imputara al primer expresidente del Gobierno en democracia. No solo por la relevancia institucional de quien ocupó La Moncloa durante casi ocho años, sino porque la declaración llegaba en un contexto especialmente delicado para el Ejecutivo y para el PSOE.
La resolución adoptada posteriormente por el juez José Luis Calama contiene un doble mensaje de gran trascendencia. Por un lado, rechaza retirar el pasaporte al expresidente, imponerle comparecencias periódicas de 15 días o limitar sus desplazamientos. Pero la vista también deja claro que la investigación sigue adelante porque, a juicio del instructor, los argumentos expuestos por Zapatero no han logrado neutralizar los indicios recogidos durante la instrucción.
Esa combinación de decisiones evita una fotografía judicial especialmente grave para un exjefe del Ejecutivo, pero al mismo tiempo mantiene vivo el núcleo de las sospechas que han convertido el caso Plus Ultra en uno de los asuntos más sensibles de la actualidad política.
El juez fundamenta su negativa a adoptar medidas cautelares en la notoriedad pública de Zapatero. Según la resolución, su condición de expresidente dificulta de manera evidente cualquier intento de ocultación o de evasión de la acción de la justicia. Calama considera que su arraigo personal y profesional en España, aunado a la ausencia de indicios que apunten a una intención de sustraerse al procedimiento, hacen innecesarias medidas como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.
El juez descarta riesgo de fuga
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares unificadas en el PP habían solicitado precisamente esas restricciones. Vox, Hazte Oír, Liberum y Iustitia Europa incluso planteaban medidas más contundentes como el ingreso en prisión provisional. Sin embargo, el instructor entiende que el nivel de exposición pública de Zapatero convierte en remota la posibilidad de una fuga.
Pero la parte más relevante de la resolución quizá no sea la que rechaza las cautelares, sino la que analiza el contenido de la declaración. Calama sostiene expresamente que las explicaciones ofrecidas por Zapatero “no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”. Esto indica que el juez entiende que existen elementos suficientes para continuar profundizando en la investigación.
El instructor hace referencia a varios aspectos que considera relevantes como la trazabilidad de las transferencias bancarias vinculadas al rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, la utilización de un entramado de sociedades mercantiles bajo sospecha de haber servido como instrumentos de canalización financiera, la ingente documentación obtenida durante la investigación y el hallazgo del ajuar de joyas valoradas en aproximadamente 1.3 millones de euros en el despacho del expresidente, cuya procedencia y situación fiscal siguen siendo un enigma.
El juez insiste en que la investigación se encuentra todavía en una fase de desarrollo y que futuras diligencias podrán reforzar o debilitar las sospechas actuales.
Negación, desmemoria y silencio por las joyas
La estrategia de defensa de Zapatero se centró en rechazar cualquier participación en una supuesta trama de influencias relacionada con el rescate de Plus Ultra. El expresidente negó haber intervenido en la concesión de ayudas públicas a la aerolínea, rechazó haber ejercido presión sobre funcionarios o responsables del Gobierno y defendió que los ingresos percibidos durante los últimos años proceden de actividades profesionales legítimas de asesoramiento.
También intentó desvincularse de varias operaciones empresariales que la investigación considera relevantes y negó haber dirigido estructuras societarias utilizadas para canalizar fondos. De hecho, fuentes jurídicas sostienen que el expresidente negó haber tenido sociedades mercantiles dentro o fuera de España.
Sin embargo, según distintas informaciones conocidas tras la comparecencia, algunas preguntas clave recibieron respuestas basadas en la falta de recuerdo. Entre ellas figuran reuniones y contactos que la investigación considera relevantes para reconstruir determinadas operaciones económicas, como una comida con su amigo y empresario Julio Martínez Martínez, dueño de la empresa Análisis Relevante, que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye a la puesta en marcha de una mercantil en Dubái para cobrar, supuestamente, un porcentaje del rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Esa línea defensiva no parece haber convencido plenamente al instructor, que mantiene intacta la valoración provisional realizada en fases anteriores del procedimiento. También influye el silencio que guardó el exlíder del PSOE de los capítulos más sensibles de la investigación, que sigue siendo la pieza separada relacionada con las joyas encontradas durante el registro del despacho del expresidente. Los investigadores sostienen que existen interrogantes pendientes sobre el origen de estas piezas, valoradas en más de un millón de euros, así como sobre su eventual tratamiento fiscal y aduanero.
Zapatero optó por no profundizar en esta cuestión durante la declaración, argumentando la necesidad de disponer de más tiempo para recopilar documentación para justificar su patrimonio. La defensa sostiene que parte de esos objetos procederían de herencias familiares y que otros corresponderían a regalos recibidos durante su etapa institucional, pero el propio juez ha señalado que, en las instancias actuales, seguirá adelante con la investigación por presunto delito contra Hacienda y de contrabando.