El rescate de la Asamblea Nacional elegida en 2015 como interlocutora válida en un eventual proceso de transición política revela el absoluto control que Estados Unidos continúa ejerciendo en Venezuela. La decisión de sentar a representantes de ese Parlamento de mayoría opositora con el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez abre una nueva etapa de diálogo centrada en la reconstrucción institucional, la rehabilitación de las condiciones electorales y la definición de garantías democráticas, aunque también plantea interrogantes sobre la legitimidad, el reconocimiento al liderazgo opositor y el verdadero alcance del proceso.
La política venezolana ha vuelto a demostrar que buena parte de sus movimientos estratégicos siguen dependiendo de la Administración Trump. La decisión de Washington de reactivar políticamente a la IV Legislatura del Parlamento y otorgarle un papel protagonista en la negociación de una eventual transición democrática supone un giro significativo en la hoja de ruta que había predominado tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año.
El regreso a Caracas de Dinorah Figuera, presidenta de la Comisión Delegada de la Asamblea, después de ocho años de exilio en España, representa la rehabilitación política de una institución que muchos sectores consideraban agotada y sin capacidad real de incidencia después del fallido Gobierno interino de Juan Guaidó. Sin embargo, Estados Unidos ha optado por rescatarla del aislamiento para convertirla nuevamente en una pieza central del proceso, al entender que se trata de “la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente” del país sudamericano.
Washington no solo respalda al actual esquema institucional surgido tras la caída de Maduro, sino que también pretende ordenar y supervisar los interlocutores de una eventual transición democrática, a través de “una mesa técnica y política paritaria” con la actual Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez que se encargará de la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en especial las composiciones de la Sala Electoral y la Sala Constitucional; el saneamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras los últimos comicios presidenciales, parlamentarios, regionales y locales y la apertura de una senda de liberalización que desemboque en una transición tras unas nuevas elecciones.
María Corina Machado, al margen de la negociación
La irrupción de esta nueva vía negociadora también ha generado tensiones dentro de la oposición. María Corina Machado había consolidado durante los últimos años una posición de liderazgo indiscutible dentro del bloque opositor, potencializado por el éxito de las primarias en 2023 y los réditos de la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia en 2024.
Hace apenas unas semanas, las principales fuerzas democráticas del país suscribieron el Manifiesto de Panamá, en el que la oposición se declaraba en plena disposición para iniciar una negociación con el chavismo, pero siempre bajo la conducción de la líder liberal de Vente Venezuela. Sin embargo, la apuesta estadounidense por la Asamblea de 2015 instala un nuevo equilibrio interno y parece haber cogido desprevenido al núcleo opositor, que ha redoblado esfuerzos en las últimas horas para consensuar una postura común ante el bandazo de Washington.
Dinorah Figuera @Dinorahfiguera reconoció explícitamente que el liderazgo político de la oposición lo ejerce María Corina Machado. Enfatizó que el objetivo de construir un CNE confiable busca, precisamente, servirle a ella y a cualquier aspirante https://t.co/VabxOL4oIc pic.twitter.com/SjpuUmvS5x
— ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) June 19, 2026
La ausencia de una posición pública clara de Machado y de los principales partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) evidencia la delicadeza del momento. Nadie quiere parecer como obstáculo para una eventual transición, pero tampoco desea quedar marginado de un proceso que podría desencadenar la fase de transición política prometida por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio.
A pesar del estupor que ha desatado la constitución de la comisión bipartita en la que estarán incluidos hasta otros cinco diputados de la Asamblea de 2015, Figuera ha dejado claro que su labor en el país no recorrerá el mismo carril que Machado debe andar de cara a las presidenciales, que se antojan para diciembre de 2027. “¿Qué es lo que está pasando? Hay un liderazgo en el país y de la oposición en el país que indudablemente es María Corina Machado. Pero cuando ellos (Washington) hablan del camino institucional es porque quieren que nosotros constituyamos un CNE creíble y confiable que le sirva a Machado y a cualquier aspirante, ya sea del oficialismo o independiente. Eso es lo correcto políticamente”, explicó la jefa del Legislativo.
El desafío de reconstruir las instituciones
La agenda planteada para esta nueva etapa se centra en objetivos eminentemente institucionales. Entre ellos, la propia Figuera ha avanzado en entrevistas a los periodistas Luis Olavarrieta y Román Lozinski que, para finales de 2026, esta instancia de diálogo interparlamentaria debería presentar resultados concretos, entre ellas destacaría la puesta en marcha de un nuevo CNE, la recuperación de garantías políticas y el restablecimiento de libertades civiles.
“Esto puede alargarse o concretarse; son objetivos que no son estáticos”, ha dicho la jefa del Legislativo. “No concibo transformar un árbitro electoral con puros políticos”, ha avisado Figuera, quien también al llegar al aeropuerto de Maiquetía informó a los periodistas de que ella misma regresa al país “sin aspiraciones políticas” y sin militancia, lo que implicaría haberse dado de baja del partido centrista humanista Primero Justicia (PJ), integrado en la Plataforma Unitaria que agrupa a la oposición mayoritaria y respalda a la Nobel de la Paz 2025.
De cara al año pasado, la formación sufrió una fractura por los militantes que decidieron concurrir en las elecciones parlamentarias y regionales boicoteadas por el bloque opositor, contraviniendo además la postura oficial de la cúpula. Esa escisión encabezada por el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski fue bautizada como Unión y Cambio (UyC), y consiguió un puñado de escaños en la actual Asamblea Nacional de supermayoría chavista. Hasta ahora, no está claro si tendrán algún tipo de representación en la mesa de diálogo.
"Recibí una invitación del Departamento de Estado". Dinorah Figuera revela cómo se gestó la agenda para buscar la reconstrucción institucional en Venezuela.
— Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) June 19, 2026
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La deriva de uno de los principales partidos del establishment opositor que respalda a Machado representa muy bien la maraña institucional que ahora Washington pretende desenredar, a medida que avanza en su fase de recuperación económica y firma de contratos con grandes petroleras, energéticas y firmas financieras. Durante años, el deterioro institucional venezolano convirtió al sistema electoral en uno de los principales focos de desconfianza pública, un tema sobre el que también pesan las inhabilitaciones políticas, la devolución de la personería jurídica a los partidos cuyas direcciones fueron intervenidas por el TSJ o la persecución de dirigentes.
La posibilidad de renovar el árbitro electoral constituye, por tanto, uno de los elementos más sensibles y decisivos de cualquier proceso de normalización democrática. Figuera ha insistido en que su papel no es partidista, sino institucional. La distinción busca preservar espacios de entendimiento y evitar que el proceso quede atrapado en las divisiones tradicionales de la oposición. @mundiario
