La decisión de Washington de devolver protagonismo a la Asamblea Nacional elegida en 2015, presidida por Dinorah Figuera, parece abrir de tajo el melón de la legitimidad institucional en Venezuela. Una década después de convertirse en el principal contrapeso del chavismo tras una abrumadora victoria en las elecciones legislativas, aquel Parlamento opositor, hoy sin poder efectivo dentro del país pero con reconocimiento internacional y control sobre activos estratégicos del Estado en el exterior, vuelve a situarse en el centro del tablero político como pieza clave del plan estadounidense para una eventual transición democrática.
La tarea encomendada a la Comisión Delegada de la IV Legislatura, vaciada de competencias por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y venida a menos tras la deserción en masa de la mayoría de los diputados opositores durante los años del Gobierno interino de Juan Guaidó, parece ser la de integrar la otra parte de una comisión interparlamentaria con la Asamblea Nacional de 2026 de supermayoría chavista presidida por Jorge Rodríguez, nacida después de las elecciones presidenciales que Nicolás Maduro se proclamó como vencedor y tras las cuales el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, se exilió en España en 2024.
La materialización de este rescate se produjo en el aeropuerto de Maiquetía este jueves, cuando llegó a Caracas la diputada Dinorah Figuera, la presidenta de la junta directiva del Parlamento. En declaraciones a la prensa, la exmilitante del partido centrista humanista Primero Justicia (PJ) avanzó que sostendría una serie de reuniones institucionales, incluyendo una con Jorge Rodríguez, tras la cual se informó de la instalación de una “mesa técnica y política con hitos y cronogramas claros” para reestructurar el Supremo, sanear el Consejo Nacional Electoral (CNE) y allanar el camino con una agenda liberalizadora para una eventual transición hacia la democracia.
La Administración Trump ha decidido rescatar al Parlamento que muchos daban por extinguido para integrar la mesa negociadora que, entre las reformas institucionales, se encargue de “la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del CNE, el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la garantía para las libertades cívicas”. Según ha asomado Figuera en entrevistas concedidas a periodistas, para diciembre de 2026 deberían tenerse los primeros resultados que, en última instancia, conduzcan a las elecciones presidenciales concebidas en el final del plan de tres fases planteado por el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio.
El Departamento de Estado ensalzó la reunión sostenida entre Figuera y Rodríguez, y reiteró que reconoce a la Cámara nacida de las urnas en 2015 como la última instancia con legitimidad de origen en el país. Tras los últimos acontecimientos, la pregunta es inevitable: ¿qué queda realmente de aquella Asamblea que en 2019 llegó a ser reconocida por más de cincuenta países como el único poder legítimo de Venezuela?
La última institución reconocida por Occidente
La Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 supuso la mayor derrota electoral sufrida por el chavismo desde su llegada al poder en 1999. La heterogénea oposición concurrió en coalición bajo el paraguas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), antecesora de la actual Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y obtuvo entonces siete millones de votos y 112 escaños, es decir, la mayoría calificada que le permitió controlar el Poder Legislativo desde enero de 2016.
Sin embargo, aquella baza institucional duró poco. La mayoría de magistrados del TSJ designada por la anterior legislatura chavista comenzó a limitar progresivamente sus competencias hasta declarar al Parlamento en “desacato”, anulando prácticamente todas sus decisiones. A partir de ese momento, se abrió un largo conflicto institucional que desembocó en la asunción de las facultades legislativas por parte del Poder Judicial, y la posterior puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente de mayoría oficialista que nunca reescribió la Carta Magna.
El punto de inflexión llegó en 2019, cuando el entonces presidente de la junta directiva, el dirigente Juan Guaidó de la progresista Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López, invocó varios artículos constitucionales para proclamarse presidente encargado de Venezuela, con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de América Latina. Aunque el Gobierno interino desapareció formalmente en 2023 tras no poder desalojar al chavismo de Miraflores, la Asamblea de 2015 decidió mantener su continuidad institucional al desconocer a su sucesora constituyente.
¿Por qué sigue existiendo?
Formalmente, el mandato parlamentario concluía en enero de 2021. Sin embargo, la oposición desconoció las elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral en diciembre de 2020 al considerar que carecían de garantías democráticas. Entre las razones alegadas figuraban la designación de los rectores electorales por el Supremo, la intervención judicial de los principales partidos opositores, la ausencia de condiciones competitivas y la falta de observación internacional independiente.
Ante ese escenario, el Parlamento aprobó el llamado Estatuto que rige la transición a la democracia, basado en los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana, argumentando la existencia de una ruptura del orden constitucional. Desde entonces, los antiguos diputados han prorrogado anualmente su vigencia mediante reformas internas, manteniendo una estructura institucional en el exilio.
La principal fortaleza de la Asamblea de 2015 ya no reside en la política interna. Su verdadero peso se encuentra en el ámbito internacional. Gracias al reconocimiento de la Casa Blanca, esta instancia conserva capacidad de influencia sobre activos venezolanos en el exterior, entre ellos la petrolera Citgo y filial de PDVSA en Estados Unidos, las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra y la titularidad en diversos litigios internacionales relacionados con la deuda soberana venezolana.
Precisamente esa capacidad de representación legal explica por qué Washington sigue considerando útil a la Asamblea. Para la Casa Blanca, constituye “la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente”.
El regreso de Dinorah Figuera
La actual presidenta parlamentaria, Dinorah Figuera, representa una nueva etapa. Médica de profesión y dirigente histórica de Primero Justicia, Figuera ha desarrollado la mayor parte de su actividad política en Caracas antes de exiliarse en España en 2018 tras denunciar una persecución política. Desde enero de 2023 encabeza la directiva parlamentaria junto a Marianela Fernández del socialdemócrata Un Nuevo Tiempo (UNT) y al vicepresidente segundo Marco Aurelio Quiñones, que integrará también la mesa de negociación bipartita con otros cuatro diputados de la Comisión Delegada, el núcleo que queda tras la deserción masiva de diputados en los últimos años.
Su retorno a Caracas para negociar la conformación de un nuevo CNE marca un punto de inflexión. Según ha explicado la propia dirigente, su papel no será político, sino institucional: servir de puente entre la oposición democrática, el oficialismo y la comunidad internacional para avanzar hacia la reconstrucción de las instituciones.
“¿Qué es lo que está pasando? Hay un liderazgo en el país y de la oposición en el país que indudablemente es María Corina Machado. Pero cuando ellos (Washington) hablan del camino institucional es porque quieren que nosotros constituyamos un CNE creíble y confiable que le sirva a Machado y a cualquier aspirante, ya sea del oficialismo o independiente. Eso es lo correcto políticamente”, reconoció Figuera en una entrevista.
Dinorah Figuera @Dinorahfiguera reconoció explícitamente que el liderazgo político de la oposición lo ejerce María Corina Machado. Enfatizó que el objetivo de construir un CNE confiable busca, precisamente, servirle a ella y a cualquier aspirante https://t.co/VabxOL4oIc pic.twitter.com/SjpuUmvS5x
— ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) June 19, 2026
El gran desafío: recuperar legitimidad interna
La decisión estadounidense también altera el equilibrio interno de la oposición. Tras las primarias opositoras de 2023 y las elecciones presidenciales de 2024 tras las que fue exiliado el candidato Edmundo González Urrutia, el liderazgo político de la coalición antichavista se ha concentrado principalmente en la liberal María Corina Machado. Sin embargo, Washington parece apostar ahora por separar los planos político e institucional.
La Asamblea de 2015 reaparece así como interlocutor formal para negociar aspectos estructurales de una eventual transición: nuevo árbitro electoral, garantías políticas, libertades civiles y reinstitucionalización del Estado. Esta hoja de ruta permite disponer de un actor reconocido internacionalmente y más digerible para el chavismo. Pero también levanta ampollas en Vente Venezuela, la Plataforma Unitaria y su órbita por una desarticulación tras la que la oposición mayoritaria se ha sentido desplazada.
Este Parlamento conserva reconocimiento internacional, pero carece hoy de capacidad efectiva dentro de Venezuela. No controla instituciones, no legisla y tampoco sesiona desde el Palacio Federal Legislativo. Su supervivencia ha dependido esencialmente del respaldo diplomático de EE UU y del control jurídico sobre activos en el exterior. El reto ahora será demostrar que todavía puede convertirse en una plataforma útil para articular consensos nacionales y no únicamente en un instrumento de negociación impulsado desde Washington. Porque, en última instancia, cualquier transición democrática sostenible en Venezuela necesitará algo más que legitimidad internacional: requerirá legitimidad social y aceptación interna. @mundiario
