La campaña presidencial colombiana llegaba ya marcada por una fuerte confrontación entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella cuando estalló una noticia que amplificó las acusaciones cruzadas y trasladó parte del debate político a Estados Unidos. El arresto del activista y comunicador Beto Coral por parte de las autoridades migratorias estadounidenses ha situado a la Administración de Donald Trump y, especialmente, al secretario de Estado Marco Rubio, en el centro de una delicada polémica.

Según la información revelada por The New York Times, Rubio firmó un memorando que sirvió de base para la actuación de las autoridades migratorias. El documento sostiene que Coral había empleado su estancia en Estados Unidos para desarrollar actividades políticas favorables al Gobierno de Gustavo Petro y para intervenir en el proceso electoral colombiano.

El texto señala que permitir su permanencia en territorio estadounidense “socava los intereses de la política exterior” de Washington “en los procesos democráticos de Colombia”. Añade además que ello “da a entender que los extranjeros pueden usar plataformas estadounidenses para llevar a cabo campañas de desinformación con motivaciones políticas y acciones judiciales dirigidas contra actores democráticos extranjeros sin que ello tenga consecuencias”.

La actuación se produjo apenas unos días antes de la segunda vuelta presidencial y después de que Coral hubiese protagonizado diversas iniciativas críticas contra Abelardo de la Espriella, públicamente apoyado por Washington.

La respuesta del presidente Gustavo Petro fue inmediata. El mandatario colombiano acusó directamente a Marco Rubio de promover una “persecución política” y solicitó la intervención de Donald Trump para lograr la liberación del activista.

Petro recordó además la trayectoria familiar de Beto Coral. Su padre, Humberto Coral Caballero, fue uno de los policías que participaron en las operaciones contra Pablo Escobar y fue asesinado posteriormente. El presidente colombiano vinculó el exilio del activista con las amenazas recibidas tras investigar las circunstancias de aquella muerte.

El mandatario vincula la captura con las presiones de la derecha colombiana —especialmente del candidato presidencial Abelardo de la Espriella— y las directrices de altos cargos estadounidenses, como el secretario de Estado, presuntamente destinadas a silenciar las opiniones del activista en el exterior.

Debido a las investigaciones, las denuncias y las constantes amenazas de muerte que recibió su familia tras el asesinato del capitán, Beto Coral se vio obligado a salir de Colombia. El activista se radicó en los Estados Unidos en 2015, país donde solicitó asilo político al argumentar que su vida corría peligro en su tierra natal.

En uno de sus mensajes, Petro preguntó públicamente: “Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en Estados Unidos”. El mandatario también relacionó la actuación estadounidense con el respaldo que diversos dirigentes republicanos han mostrado hacia Abelardo de la Espriella.

El memorando de Rubio y la interpretación sobre la política exterior

La documentación conocida por el diario estadounidense muestra un argumento que va más allá de una cuestión puramente migratoria. La Secretaría de Estado considera que Coral habría utilizado Estados Unidos como plataforma para desarrollar actividades políticas relacionadas con Colombia y que esas acciones podrían afectar a los intereses diplomáticos norteamericanos.

No es la primera vez que Marco Rubio recurre a este mecanismo. Según recuerda The New York Times, el secretario de Estado ya ha promovido actuaciones similares en otros casos, entre ellos el del estudiante palestino-sirio Mahmoud Khalil tras las protestas relacionadas con Israel.

Beto Coral enfrenta actualmente una orden y un proceso formal de deportación hacia Colombia debido a una infracción en las leyes de inmigración de los Estados Unidos. No obstante, su expulsión inmediata no es automática, ya que su defensa legal se encuentra evaluando recursos jurídicos para frenarla.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Franklin Humberto Coral Garrido fue arrestado el 16 de junio en Phoenix, Arizona, por su situación migratoria irregular. Las autoridades indicaron que Coral ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa de turismo B1/B2 que solo le permitía una estadía de seis meses. Tras el vencimiento del permiso, permaneció en territorio estadounidense de forma no autorizada por casi 10 años.

Aunque organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y su propia familia defienden que él tenía un permiso de trabajo vigente y una solicitud de asilo en trámite, en memorándum oficial firmado por Marco Rubio precipitó la captura.

Rubio señala directamente que Coral ha utilizado plataformas y su estancia en los Estados Unidos para lanzar campañas de desprestigio y ataques jurídicos infundados contra "actores democráticos extranjeros". Específicamente, se refiere a la intensa campaña de oposición que Coral montó en Miami contra De la Espriella.

Días antes de su arresto, Coral promovió vallas en Florida con mensajes sumamente agresivos contra De la Espriella, usando frases como “¿Dónde está la plata de DMG?” o “¿Usted votaría por los que se robaron Venezuela?”. Para la administración estadounidense, estos señalamientos cruzaron la línea de la libre expresión para convertirse en desinformación electoral coordinada.

Estas frases hacen referencia directa al papel que desempeñó De la Espriella en 2008 como abogado defensor de David Murcia Guzmán, creador de DMG, la mayor estafa piramidal en la historia de Colombia. El candidato de derecha no solo fue el abogado de la firma, sino que en su momento defendió públicamente la legalidad del negocio en televisión e invitó a los ciudadanos a seguir depositando su dinero, justo antes de que colapsara.

También aluden a los vínculos profesionales de De la Espriella con Álex Saab, el empresario barranquillero señalado internacionalmente como el testaferro de Nicolás Maduro. Saab está acusado de liderar un gigantesco entramado de corrupción y lavado de activos que desvió miles de millones de dólares destinados a los comités CLAP (los programas de alimentación del Gobierno venezolano), mediante la sobrefacturación de alimentos de mala calidad para enriquecerse a costa de la crisis social de Venezuela. Beto Coral utilizó la valla para denunciar la supuesta inconsistencia ideológica de De la Espriella.

El candidato presidencial enarbola hoy una bandera de extrema derecha, anticomunista y dura contra el régimen de Maduro; sin embargo, su bufete de abogados defendió a Álex Saab durante años y el propio De la Espriella llegó a admitir públicamente que mantenía una relación de amistad con él. Además, Coral ha publicado supuestas rutas de transferencias financieras en las que acusa a la firma del aspirante de haberse lucrado con el dinero proveniente de los negocios de Saab en Venezuela, además de señalarlo por establecer otras actividades económicas.

La defensa de Beto Coral

Desde su detención, Beto Coral difundió una carta en la que rechazó cualquier acusación relacionada con actividades ilegales. “Fui detenido por el Gobierno de los Estados Unidos el 16 de junio de 2026, sin que me explicaran claramente las razones de mi detención y sin que se me permitiera conocer de inmediato los motivos de esta”.

El activista recordó que entró legalmente en Estados Unidos en diciembre de 2015 y que solicitó asilo político en 2016 dentro de los plazos establecidos. “Nunca he cometido un delito, nunca he violado la ley y siempre he tenido una conducta ejemplar”.

Coral también respondió directamente a Marco Rubio y al senador republicano Bernie Moreno: “No soy un criminal. Soy hijo del mayor de la Policía Nacional de Colombia, Humberto Coral Caballero, oficial entrenado por la DEA y quien entregó su vida en la lucha contra el narcotráfico”.

Y negó haber solicitado protección por motivos relacionados con el actual Gobierno colombiano: “Jamás solicité asilo político para protegerme del gobierno de Gustavo Petro. Este gobierno comenzó en 2022, mientras que yo solicité asilo en 2016. Nunca he sido agente del mencionado gobierno, ni mucho menos he sido funcionario o contratista”. @mundiario