La investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista, Leire Díez, continúa ampliando su radio de acción. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa ahora a destacados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) en el perímetro de unas gestiones realizadas en torno al rescate público de la empresa Tubos Reunidos.
El documento policial, de cerca de 200 páginas y aún abierto a nuevas diligencias, analiza la concesión en 2021 de un préstamo de 112.8 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la compañía vasca, así como posteriores actuaciones encaminadas a flexibilizar sus condiciones financieras.
Uno de los datos más llamativos del informe es la existencia de 1.288 mensajes intercambiados entre Leire Díez, exmilitante socialista y conocida por su actividad orgánica en el PSOE, y el actual vicelehendakari y secretario general del PSE-EE de Vizcaya, Mikel Torres, entre octubre de 2020 y mayo de 2025.
Según la UCO, Leire Díez habría intensificado su actividad a partir de 2024, cuando la delicada situación financiera de Tubos Reunidos amenazaba con desembocar en un concurso de acreedores. Los investigadores sostienen que la exdirigente socialista desplegó entonces una estrategia de "presión política" dirigida a movilizar apoyos institucionales y políticos en favor de la compañía.
Entre esos contactos figura Torres, que habría recibido diversas comunicaciones sobre la situación de la empresa y la conveniencia de mantener reuniones con representantes de Tubos Reunidos. El vicelehendakari ha negado haber intervenido en ningún rescate empresarial y ha explicado que la relación con Díez respondía a su condición de “vecina activa” en Portugalete, municipio del que fue alcalde hasta junio de 2024. La investigación también menciona al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. Según el informe, Leire Díez llegó a interesarse por el resultado de una reunión entre el líder socialista vasco y representantes de Tubos Reunidos, aunque no se precisan detalles adicionales sobre el contenido de ese encuentro.
El PNV admite contactos con el PSOE
Pero el alcance político de la investigación no se limita al socialismo vasco. La UCO sostiene que la dirección del PNV también desempeñó un papel relevante en distintas fases del proceso. Los investigadores recogen indicios de contactos entre el expresidente del partido, Andoni Ortuzar, su estrecho colaborador Joseba Aurrekoetxea, el exvicepresidente de la SEPI Vicente Fernández y directivos de Tubos Reunidos.
Entre las reuniones bajo examen figura un encuentro celebrado en enero de 2025, en el que, según el informe, se habría abordado la posibilidad de aliviar las condiciones financieras de la empresa, incluida la eventual exoneración del pago de 10 millones de euros a la SEPI procedentes de la venta de un inmueble en Sestao y para rebajar el pago de intereses por la deuda del rescate de 112.8 millones de euros.
Los nacionalistas admiten contactos y reuniones, pero defienden que la protección del tejido industrial vasco forma parte de su acción política ordinaria y niegan cualquier vinculación con actuaciones presuntamente irregulares desarrolladas por terceros.
El documento policial describe asimismo la existencia de un grupo integrado por Fernández, Díez y el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán en la mercantil Servinabar que figura en las causas de la derivada de amaño de contratos de obra pública del caso Koldo y de las obras del túnel de Belate en Navarra. La Guardia Civil sostiene que los tres percibieron un total de 247.459 euros procedentes de Tubos Reunidos a través de contratos y pagos directos relacionados con labores de intermediación y asesoramiento.
Un rescate paralelo al de Plus Ultra
Los investigadores consideran que la actividad de este grupo comenzó en 2020, coincidiendo con la solicitud de ayudas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, el mismo mecanismo al que recurrió la aerolínea venezolana Plus Ultra, por la que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La UCO afirma que inicialmente existieron reticencias internas a conceder el rescate, pero que posteriormente se habrían activado canales políticos para favorecer su aprobación.
La investigación se produce en un contexto especialmente delicado para el Gobierno y el PSOE, ya que profundiza en la existencia de redes informales de influencia que habrían operado en torno a organismos públicos estratégicos. Aunque el informe no establece responsabilidades penales para los dirigentes políticos mencionados, sí pone de manifiesto la existencia de una intensa interlocución entre responsables institucionales, dirigentes partidistas y personas vinculadas a la gestión de ayudas públicas millonarias.
El caso vuelve a situar en el centro del debate político el funcionamiento de los mecanismos de rescate empresarial desplegados durante la pandemia y la necesidad de reforzar los controles sobre la gestión de fondos públicos y la actividad de intermediación política en los entornos institucionales. La investigación continúa bajo supervisión judicial y no se descartan nuevas diligencias ni la ampliación del número de personas investigadas. @mundiario