Pocas veces un Gobierno ha anunciado de forma tan explícita su intención de desmontar el legado institucional de su predecesor. Eso es precisamente lo que representa la denominada Operación Fuego Purificador, la estrategia política presentada por el primer ministro Péter Magyar para desarticular el sistema de poder construido durante los dieciséis años de Viktor Orbán.

El propio dirigente ha definido su objetivo como la necesidad de “liberar al pueblo húngaro de la mafia económica y política”, una expresión con la que sitúa el combate contra la corrupción y la concentración del poder en el centro de su proyecto político. Para reforzar esa idea llegó incluso a comparar la situación de Hungría con la lucha que Italia mantuvo contra las organizaciones mafiosas durante los años noventa.

Tras ganar las elecciones legislativas con una mayoría de dos tercios en el Parlamento con su partido Tisza, Magyar busca “limpiar el aparato estatal” de altos cargos vinculados al antiguo régimen de la formación Fidesz. Más allá de la contundencia del discurso político, el verdadero alcance de la iniciativa reside en un paquete de reformas que afecta prácticamente a todos los pilares institucionales del Estado.

La primera fase del plan comienza con una nueva modificación constitucional. El objetivo inmediato consiste en alterar aquellos mecanismos institucionales que, según el Ejecutivo, permitieron al anterior Gobierno consolidar durante años una amplia red de cargos con largos mandatos y elevados niveles de protección frente a los cambios políticos.

Entre las medidas anunciadas figura el cese del presidente de la República, Tamás Sulyok, al que el nuevo Ejecutivo acusa de haber actuado como garante de los intereses del anterior Gobierno y no como una institución neutral. La propuesta también contempla modificaciones que afectarían al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y al sistema de gobierno de los jueces.

Uno de los cambios más significativos sería recuperar el límite de edad de 70 años para los magistrados del Tribunal Constitucional. En diciembre de 2013, el gobierno de Viktor Orbán abolió el límite de edad máxima, lo que permitió que los jueces leales a su partido permanecieran de forma indefinida o prolongada en sus cargos. lo que abriría la puerta a numerosas vacantes que posteriormente deberían cubrirse mediante nuevos procedimientos de nombramiento.

Al restituir por ley el límite estricto de 70 años, el nuevo gobierno fuerza la jubilación automática e inmediata de múltiples magistrados oficialistas veteranos. Esta reforma genera numerosas vacantes que Magyar y su mayoría parlamentaria pueden cubrir con nuevos nombramientos, arrebatándole a la antigua administración el control del máximo tribunal del país.

Paralelamente, se plantea reforzar la capacidad de los propios jueces para elegir a los máximos responsables de la judicatura, una medida que el Ejecutivo presenta como un mecanismo para aumentar la independencia judicial.

El siguiente paso será una nueva Constitución

La reforma actualmente planteada no pretende ser el destino final del proceso. Según el calendario presentado por el Gobierno, tras el verano comenzaría un proceso constituyente destinado a elaborar una nueva Constitución que sustituya a la vigente, aprobada durante la etapa de Orbán y modificada en numerosas ocasiones.

Junto a la nueva Carta Magna también se impulsaría una reforma integral del sistema electoral, uno de los aspectos más controvertidos del modelo institucional húngaro durante la última década. El Ejecutivo sostiene que estas modificaciones buscan reconstruir un sistema plenamente basado en el Estado de derecho antes de iniciar una transformación constitucional más profunda.

Durante sus 16 años en el poder, Orbán modificó las reglas de votación para garantizarse supermayorías artificiales. El nuevo gobierno busca deshacer esos cambios para restaurar la equidad democrática. 

Orbán rediseñó radicalmente las fronteras de las circunscripciones uninominales. Agrupó las zonas urbanas de tendencia opositora en unos pocos distritos gigantescos y fragmentó las zonas rurales oficialistas para multiplicar sus escaños. La reforma, según sostiene el nuevo Gobierno, busca establecer distritos con criterios estrictamente demográficos y neutrales, en teoría.

Otro de los pilares de la Operación Fuego Purificador consiste en la creación de una Oficina Nacional para la Recuperación de Activos. Su misión sería investigar el destino de recursos públicos durante aproximadamente las dos últimas décadas y recuperar aquellos bienes cuya adquisición pudiera estar vinculada a un uso irregular del dinero del Estado.

El nuevo organismo dispondría de competencias específicas para investigar operaciones patrimoniales y analizar posibles casos de enriquecimiento ilícito vinculados al ejercicio del poder político. Esta iniciativa se integra dentro de un amplio paquete anticorrupción que también endurece las obligaciones sobre declaraciones patrimoniales de responsables públicos y aumenta las sanciones previstas para quienes oculten información o presenten datos falsos.

El objetivo: desmontar el entramado institucional del anterior Gobierno

Sin embargo, la Operación Fuego Purificador no se limita a modificar leyes. Su propósito declarado consiste en desmontar buena parte de la estructura institucional creada durante la etapa de Orbán.

Entre las medidas anunciadas figura igualmente la revisión de diversas fundaciones que gestionan universidades, instituciones culturales y patrimonio público, entidades cuya configuración durante el anterior Gobierno ha sido objeto de debate político tanto dentro como fuera del país.

Asimismo, el Ejecutivo pretende limitar la permanencia prolongada en el poder mediante restricciones temporales para los mandatos tanto del primer ministro como de los diputados. Según el planteamiento gubernamental, estas medidas buscan impedir que vuelva a consolidarse una concentración prolongada del poder político similar a la experimentada durante los últimos dieciséis años.

Precisamente por la amplitud de las reformas, el proyecto ha abierto un intenso debate jurídico.

Diversos juristas, jueces y académicos han respaldado la necesidad de revisar instituciones que consideran profundamente condicionadas por el anterior Gobierno. Sin embargo, esos mismos expertos advierten de que la regeneración institucional solo resultará sólida si respeta plenamente las garantías constitucionales, evita soluciones improvisadas y garantiza procesos transparentes para la designación de nuevos responsables.

Y, en este escenario, el posible cese anticipado del presidente de la República constituye uno de los aspectos más sensibles, ya que apenas existen precedentes comparables de una medida de semejante alcance dentro del marco institucional húngaro. @mundiario