México, 29 de junio de 2026.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad el 18 de junio que los delitos vinculados al incendio de la Guardería ABC constituyen violaciones graves a derechos humanos y no pueden prescribir.
La resolución permite que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga el proceso penal contra dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusados por la muerte de 49 niñas y niños en el siniestro del 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.
La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema este lunes durante su conferencia matutina y atribuyó la tragedia a decisiones de administraciones anteriores.
"Fue una tragedia provocada por la decisión de, en el periodo neoliberal, subrogar las guarderías sin que hubiera reglas, sin que hubiera condiciones para que pudieran funcionar y se provocó esta tragedia", afirmó la mandataria.
El proceso en curso se sigue contra Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, y Carla Rochín Nieto, excoordinadora Nacional de Guarderías del instituto.
Ambos fueron vinculados a proceso en noviembre de 2020 por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas bajo la modalidad de comisión por omisión.
La resolución de la Corte revocó un fallo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal que había declarado la prescripción del delito. La defensa de los acusados argumentaba que los delitos de homicidio y lesiones culposas debían sujetarse a las reglas generales de prescripción del Código Penal Federal.
La SCJN rechazó ese planteamiento al determinar que, ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos, debe prevalecer el derecho a la verdad, la justicia y el combate a la impunidad, sin que sea jurídicamente relevante si las conductas fueron dolosas o culposas.
La ministra ponente, Margarita Ríos Farjat, estableció que el plazo de prescripción comienza a correr una vez que cesa la conducta omisiva.
El incendio del 5 de junio de 2009 se originó en una bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora y se propagó a la guardería, que operaba subrogada por el IMSS.
Además de las 49 niñas y niños fallecidos, 106 menores resultaron lesionados. La FGR reiteró su compromiso de esclarecer los hechos con apego a las garantías del debido proceso.
Los acusados conservan la presunción de inocencia; no existe sentencia firme en su contra, conforme al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.