Los recientes casos que involucran la violación de los derechos laborales por parte de los entes estatales y gubernamentales, como el de la denuncia de acoso sexual en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) y el de las personas que fueron despedidas injustificadamente de la Orquesta Filarmónica del Desierto, nos recuerdan la profunda y vigente necesidad de supervisar el actuar de las instituciones y nos hacen plantearnos una pregunta básica: ¿cómo podría una administración de nivel federal, estatal o municipal garantizar a las mujeres una vida libre de violencia cuando no ha sido capaz de proteger ni a sus integrantes?
La violación sistemática de los derechos laborales no es una sorpresa para nadie; un entorno hostil, tal como una entidad industrial dirigida por la corriente capitalista, no lleva a otro lugar que no sea la vulnerabilidad de las personas que somos sujetas al sistema. Lo que resulta aún más grave es cuando se trata del propio Estado, este todopoderoso Leviatán, quien permite y normaliza, por ejemplo, la contratación de mujeres profesionistas en sus secretarías y dependencias únicamente bajo la modalidad de prestación de servicios, permitiendo que no se cuente con prestaciones mínimas, pero sí con un horario laboral y una jornada que nunca cede. Es así como llegamos al acoso laboral en la SEFIRC, a los despidos injustificados de la OFD, a los contratos temporales y en modalidad de prestación de servicios que ofrece la Fiscalía General del Estado, o a los ambientes de violencia que pudieron generarse en organismos autónomos cuando se enfrenta una presidencia con la condena de la misoginia replicada.
A través de contrataciones que no están sujetas al más mínimo examen de competencias, sino de contactos, estableciendo condiciones laborales poco dignas y generando ambientes en los que se sigue privilegiando a los hombres para las posiciones de poder, es como las instituciones se mantienen. El mayor depredador laboral con el que nos topamos ha sido siempre el gobierno, el Estado, las instituciones, lo nombrado y establecido; las contrataciones sin convocatoria pública, las renuncias solicitadas y la exigencia del abandono de la vida personal son los mínimos estándares laborales godínez.
Con esa misma contradicción ideológica, estos mismos gobiernos han presentado iniciativas etiquetadas como feministas o en pro de los derechos de las mujeres que están siendo ejecutadas a través de arrancar la dignidad de sus propias empleadas. No llegamos todas, ni tenemos gobernador de las mujeres, aunque haya centros de atención a mujeres víctimas o puntos de emergencia pintados de morado. Yo, al menos, sigo buscando un trabajo que cumpla con la promesa que hace años le hicieron a la clase obrera: dignidad a cambio de educación universitaria. Me parece que ese trato no se ha cumplido, ni se va a cumplir.