La mayor regularización extraordinaria de inmigrantes emprendida en España se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de la recta final de la legislatura. Lo que comenzó como una medida de carácter administrativo y humanitario ha derivado en un conflicto institucional que enfrenta al Gobierno con varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, con Vox y, previsiblemente, con la Justicia europea.
El choque va mucho más allá de la política migratoria. La controversia incorpora ahora un componente electoral que tanto Génova como Bambú sitúan ya en el horizonte de las elecciones generales previstas para 2027, mientras La Moncloa defiende que el procedimiento se ajusta plenamente al Derecho europeo y niega cualquier utilización partidista de la iniciativa.
El punto de inflexión llegó con la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estudia plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados quieren determinar si el decreto aprobado por el Gobierno en abril es compatible con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado por la Unión Europea en 2024.
Las dudas nacen de los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón, ambas gobernadas por el PP, que consideran que la norma puede vulnerar el marco comunitario al haberse aprobado sin consultar previamente a las instituciones europeas y por sus posibles efectos sobre el espacio Schengen. El Alto Tribunal concedió cinco días a las partes para formular alegaciones antes de decidir si eleva finalmente la consulta a Luxemburgo.
Moncloa acelera para blindar el proceso
En el Ejecutivo no ocultan que el calendario judicial condiciona la estrategia. Fuentes gubernamentales admiten que el objetivo es agilizar al máximo la tramitación para que el mayor número posible de solicitantes obtenga cuanto antes una autorización provisional de residencia y trabajo. Ese permiso, previsto ya en el propio decreto, permitiría mantener los efectos administrativos incluso si el Supremo acordara posteriormente suspender cautelarmente el procedimiento mientras el TJUE resuelve las dudas jurídicas.
La Moncloa considera poco probable esa suspensión porque el Supremo ya rechazó anteriormente las medidas cautelares solicitadas en otros recursos presentados por la Comunidad de Madrid, Vox y distintas asociaciones. El Gobierno sostiene además que la regularización únicamente concede derechos de residencia y empleo dentro de España, sin extender automáticamente esos efectos al resto de países de la UE.
El volumen alcanzado por la regularización ha superado ampliamente las estimaciones iniciales del Ejecutivo. Cuando concluyó el plazo de presentación de solicitudes el pasado 30 de junio, el Ministerio de Inclusión contabilizaba más de 1.3 millones de expedientes, muy por encima del escenario máximo de un millón que manejaban internamente los responsables del proceso.
Las primeras previsiones oficiales se situaban incluso entre las 500.000 y las 750.000 solicitudes. El fuerte incremento ha obligado a reforzar la plantilla encargada de la tramitación y a movilizar recursos adicionales para evitar un colapso administrativo. No obstante, organizaciones sociales y sindicatos han advertido durante las últimas semanas del retraso acumulado en la admisión y grabación de miles de expedientes.
El PP y Vox avanzan una ofensiva judicial
Mientras el Gobierno acelera el proceso, el PP concentra sus esfuerzos en la vía judicial. La Generalitat Valenciana ya ha solicitado formalmente al Supremo que suspenda cautelarmente la regularización antes de que sus efectos sean irreversibles. El Ejecutivo presidido por Juanfran Pérez Llorca sostiene que la medida puede afectar gravemente a la prestación de servicios públicos y vulnerar el principio de cooperación leal dentro de la UE.
Aragón mantiene una posición similar y respalda igualmente que el Supremo consulte al Tribunal de Justicia de la UE. En ambos casos, los gobiernos autonómicos sostienen que esperar a la resolución europea sin suspender previamente el procedimiento vaciaría de contenido cualquier futura decisión judicial.
Vox comparte la estrategia jurídica del PP y mantiene su rechazo frontal a la regularización extraordinaria. La formación considera que el decreto supone un “efecto llamada” para nuevos flujos migratorios y cuestiona tanto su impacto económico como su compatibilidad con las normas europeas. Aunque el Supremo ya rechazó anteriormente algunas de sus peticiones cautelares, el partido espera ahora que la eventual intervención del TJUE modifique el escenario.
El debate se traslada al terreno electoral
La batalla jurídica coincide con otro debate político que comienza a ganar protagonismo. Desde el Partido Popular se ha advertido del posible impacto futuro que una regularización de estas dimensiones podría tener sobre el censo electoral, especialmente si parte de esos nuevos residentes acceden posteriormente a la nacionalidad española.
Ese argumento conecta con la polémica abierta en los últimos meses sobre la Ley de Memoria Democrática, en particular la disposición adicional denominada “ley de nietos” y el incremento del censo de españoles residentes en el extranjero. Sin embargo, en Génova han optado por rebajar el tono respecto a esta última cuestión y, por ahora, descartan iniciar acciones judiciales relacionadas con esa norma.
La decisión que adopte el Tribunal Supremo marcará el siguiente capítulo de un conflicto que trasciende el ámbito migratorio. Si finalmente se plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE, la regularización podría convertirse en uno de los grandes litigios entre España y las instituciones europeas durante los próximos meses.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su apuesta por culminar el proceso, convencido de que la medida es plenamente compatible con el Derecho comunitario y de que responde a una necesidad administrativa y laboral. @mundiario