La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño al erario superior a 600 millones de pesos, derivado de irregularidades detectadas en dependencias federales, gobiernos estatales, municipios y organismos públicos.
El anuncio lo realizó el auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, al entregar a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de la administración de Claudia Sheinbaum.
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De acuerdo con el titular de la ASF, las denuncias forman parte de las nuevas atribuciones del órgano fiscalizador, que ahora puede presentar denuncias penales sin esperar a que concluya todo el proceso de fiscalización.
Las denuncias corresponden a presuntas irregularidades detectadas en ejercicios anteriores, en las que aparecen dependencias federales, gobiernos estatales, municipios y universidades públicas.
Además de las denuncias penales, la ASF informó el inicio de 31 expedientes de investigación contra entes de los tres órdenes de gobierno, así como la presentación de 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivados de presuntas colusiones en procedimientos de contratación pública.
Entre los entes señalados en los registros recientes se encuentran la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Gobierno de Nayarit, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y municipios como Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; Alvarado, Veracruz; Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.
Caso Cofepris
En el caso de Cofepris, el listado de denuncias penales de la ASF ubica tres registros vinculados con la Cuenta Pública 2024, auditoría 76, presentados el 26 de junio de 2026. En esa revisión, la ASF determinó 121.9 millones de pesos pendientes por aclarar en el programa de Protección contra Riesgos Sanitarios.
Entre las principales anomalías que derivaron en la denuncia están pagos por 24.6 millones de pesos en servicios de mantenimiento que se acreditaron, además de otros 56.1 millones de pesos pagados sin comprobar la prestación del servicio en el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a la Universidad Autónoma Chapingo, la denuncia se realizó porque en 2022 se pagó a docentes que no tenían el perfil requerido, lo que implicó un monto observado por 13 millones de pesos, además de otros 8 millones de pesos por la creación de 30 plazas de maestros no contempladas en el presupuesto e innecesarias; otros 61 millones de pesos se señalaron por pagos en exceso de impuestos, como ISR y cuotas de seguridad social.
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Por otra parte, la primera entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública 2025 tuvo un alcance limitado, pues los 33 informes publicados corresponden únicamente a la distribución y pago de participaciones federales a estados, municipios y alcaldías, así como a una revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
En esos informes, la ASF revisó una muestra de más de 301 mil millones de pesos y reportó recuperaciones operadas por 20.6 millones de pesos, además de sólo 1 millón 403 mil pesos pendientes por aclarar.
