La dimensión internacional del denominado caso Plus Ultra continúa ramificándose. El Senado de Bolivia ha acordado constituir una comisión especial de investigación para esclarecer las presuntas gestiones de influencia que, según distintas investigaciones abiertas en España y Bolivia, habría realizado el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en beneficio del conglomerado peruano Grupo Gloria durante un complejo litigio empresarial relacionado con el sector cementero boliviano.
La decisión supone un nuevo frente político y judicial para el exlíder del PSOE, ya investigado en España en la Audiencia Nacional por el rescate de la aerolínea venezolana por 53 millones de euros, además de la aparición en la caja fuerte de su despacho de una colección de joyas sin declarar que fueron tasadas en 1.2 millones de euros. En paralelo, el expresidente boliviano Jorge ‘Tuto’ Quiroga ha elevado el tono y ha reclamado que la Justicia de su país procese penalmente a Zapatero si las investigaciones confirman la existencia de tráfico de influencias.
La Cámara Alta boliviana aprobó la creación de una comisión integrada por seis senadores, representativos de todas las fuerzas políticas, con el mandato de investigar las presuntas actuaciones desarrolladas por Zapatero “otros actores nacionales o extranjeros” durante el conflicto judicial que enfrenta desde hace años a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), controlada por el peruano Grupo Gloria, con la empresa pública Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa).
Este órgano parlamentario dispondrá de un plazo máximo de tres meses para recabar documentación, analizar las actuaciones desarrolladas y elevar un informe al pleno del Senado. La senadora conservadora liberal Tomasa Yarhui defendió que antes de emitir cualquier juicio resulta imprescindible investigar todos los hechos y anunció que solicitarán, a través de la Cancillería boliviana, la documentación relacionada con las investigaciones desarrolladas en España.
La iniciativa partió de Alianza Libre, principal fuerza de la oposición al Gobierno de centroderecha del presidente Rodrigo Paz y también a los Ejecutivos del otrora hegemónico Movimiento al Socialismo (MAS), que sostiene que existen indicios suficientes para esclarecer si se produjeron gestiones irregulares destinadas a favorecer a SOBOCE a cambio de una presunta contraprestación económica cifrada en 200.000 euros.
Un supuesto contrato de consultoría
El origen de la controversia se encuentra en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, incorporado al sumario del caso Plus Ultra. Según ese atestado, Zapatero habría desarrollado labores de intermediación política para favorecer los intereses del Grupo Gloria ante distintas autoridades bolivianas mediante una sociedad denominada Focus Social Research, que, según los investigadores, carecía de actividad económica real.
El informe sostiene que la operación se articuló bajo la apariencia formal de un contrato de consultoría valorado en 200.000 euros. Los investigadores destacan además la coincidencia temporal entre las supuestas gestiones realizadas en Bolivia, una resolución judicial favorable a Soboce para eximirla del pago de 107 millones de dólares tras ser condenada por competencia desleal y varias transferencias económicas que completaron el pago íntegro de los honorarios pactados.
Entre los elementos analizados figuran conversaciones de WhatsApp con la secretaria del expresidente Gertrudis Alcázar, anotaciones de agenda y documentación financiera que la UDEF considera relevantes para reconstruir un presunto entramado societario off-shore que, según estiman los agentes, tendría como centro neurálgico el despacho del exmandatario en la calle Ferraz y en el que estarían involucrados personas y empresarios de su entorno, como sus propias hijas Laura y Alba, propietarias de la mercantil Whathefav.
La comisión parlamentaria no será el único frente abierto. El Consejo de la Magistratura de Bolivia ha iniciado igualmente una revisión del procedimiento que permitió anular una condena que obligaba inicialmente a Soboce a indemnizar con más de 100 millones de dólares a Fancesa por un caso de competencia desleal.
El presidente del organismo, Carlos Spencer, ha anunciado una revisión técnica del expediente para determinar si existieron irregularidades o presiones sobre los órganos judiciales. Según explicó, si durante esa revisión aparecen indicios suficientes, podrían impulsarse procedimientos penales contra los responsables. Mientras tanto, la última palabra sobre la validez de aquella resolución corresponde todavía al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.
“Zapatero el ratero”. Así se refiere Tuto Quiroga al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de tráfico de influencias en contra de la empresa chuquisaqueña Fancesa. Pide que la justicia actúe y recuerda que Zapatero era “amigote” de Evo Morales. pic.twitter.com/cwwfHNsLa8
— ERBOL (@ErbolDigital) July 1, 2026
Luis Arce niega cualquier intervención
Las investigaciones también han situado bajo el foco al expresidente boliviano Luis Arce, cuyo nombre aparece mencionado en parte de la documentación analizada por la Policía Nacional española. Arce ha rechazado cualquier implicación y asegura que jamás intervino en el litigio entre Soboce y Fancesa.
El exmandatario sostiene que su relación con Zapatero se limitó exclusivamente a cuestiones institucionales y políticas, especialmente en el contexto de las iniciativas impulsadas por el Grupo de Puebla para intentar mediar en la crisis interna del MAS entre el expresidente Arce y el exmandatario Evo Morales Asimismo, recuerda que durante su mandato la propia Procuraduría del Estado recurrió públicamente la resolución que favoreció a Soboce, lo que, a su juicio, demuestra que su Gobierno nunca respaldó aquella decisión judicial.
La reacción política más contundente ha llegado desde el expresidente Tuto Quiroga, líder de Alianza Libre y una de las principales voces de la oposición boliviana. Quiroga considera que el asunto ha dejado de ser exclusivamente económico para adquirir una dimensión claramente penal y reclama que los tribunales bolivianos actúen con rapidez contra Zapatero, a quien llamó “ratero” por el “robo” del departamento de Chuquisaca, donde se encuentra el domicilio fiscal de Fancesa.
El exmandatario sostiene que, si las investigaciones acreditan las presuntas gestiones de influencia descritas por la UDEF, Zapatero debería responder también ante la Justicia boliviana. Además, vinculó este episodio con el papel político que, según él, el expresidente español ha desempeñado durante años en América Latina, especialmente por su cercanía a los gobiernos de Venezuela y Bolivia.
El litigio que sirve de base a toda la investigación se remonta a más de una década y enfrenta a Soboce y Fancesa por cuestiones relacionadas con la competencia empresarial y la propiedad accionarial dentro del mercado cementero boliviano. Con la entrada del Grupo Gloria como accionista mayoritario de Soboce, el conflicto adquirió también una dimensión internacional al incorporarse reclamaciones económicas frente al Estado boliviano. @mundiario