El Gobierno mexicano no debe llamarse sorprendido. La decisión del Departamento del Tesoro de castigar a mexicanos y al cártel de las cuatro letras (CJNG) por tráfico de drogas y de huachicol estaba más cantada que un concierto de Juan Gabriel.
Pero tanto va el cántaro al pozo hasta que se queda dentro.
Lo significativo de la decisión gubernamental de EU, inclusive, también cumple otras de las amenazas de la Casa Blanca: encontrar una correlación entre uno de los dos más importantes cárteles mexicanos del narcotráfico, ya caracterizado como narcoterrorista, con el financiamiento de campañas políticas.
El efecto de la decisión estadounidense tiene mensajes a posteriori: desde EU siguen saliendo versiones sobre narcopolítica en tiempos electorales y México ya se prepara para cambiar los 500 legisladores federales, 17 gobernadores y bastantes presidentes municipales y congresos locales.
Palacio Nacional, frente a estas decisiones de Estado, se ha concretado a pedir pruebas, pruebas, pruebas que se deben entregar a la Fiscalía General de la República y allí evaluar si las evidencias estadounidenses cumplen con las exigencias mexicanas. Y desde ahora podemos decir que no, porque ahí está el caso de Rubén Rocha Moya que de un momento a otro será declarado prófugo de la justicia de EU y entrará en la lista de los más buscados por el FBI con todo y una jugosa recompensa.
Las quejas de la narcopolítica mexicana forman parte de la segunda presidencia de Trump, y desde luego que existen argumentaciones de este lado de la frontera para decir que no son ciertas, pero tampoco se puede dejar de lado el hecho de que ciertas o no esas informaciones han sido suficientes a grandes jurados para permitir la liberación de órdenes de arresto con fines de extradición.
La decisión del Tesoro contra el cártel de las cuatro letras y presuntamente políticos mexicanos apenas está comenzando.
Zona Zero
- Como no hay plazo que no se cumpla, la próxima semana habrá que estar muy atento porque la agenda estadounidense tiene marcados los plazos referidos a la solicitud de arresto con fines de extradición de Rocha Moya y nueve cómplices caracterizados como narcopolíticos. Y dicen por ahí que se frenaron otras solicitudes cuando políticos mexicanos aceptaron negociar información a cambio de libertad allá en tribunales estadounidenses.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh