La respuesta de millones de capitalinos probablemente sea un rotundo no. Los hechos hablan por sí solos.
La tragedia ocurrida durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana, que dejó cuatro personas fallecidas, no fue producto de la mala suerte ni de un accidente inevitable.
Fue consecuencia de la improvisación, de la falta de planeación y de la incapacidad del Gobierno de la Ciudad de México para proteger un evento cuya asistencia multitudinaria era perfectamente previsible.
Lo más grave vino después.
Mientras el gobierno de Clara Brugada intentaba contener el costo político de la tragedia, la propia titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Vilma Urzúa Venegas, reconoció públicamente que “no se implementó un operativo específico de Protección Civil para las celebraciones”.
La confesión resulta demoledora, porque equivale a admitir que una concentración de cientos de miles de personas se realizó sin el instrumento básico de prevención que cualquier autoridad responsable habría desplegado.
No existe mayor prueba de negligencia administrativa.
Durante días, el gobierno capitalino alentó a los aficionados a acudir al Zócalo, al Ángel de la Independencia y a Paseo de la Reforma para celebrar los triunfos del Tricolor.
La convocatoria oficial fue amplia y permanente. Pero cuando la multitud rebasó cualquier capacidad de control, las autoridades simplemente fueron arrastradas por los acontecimientos.
Primero invitaron a la gente.
Después descubrieron que no tenían capacidad para protegerla.
Y sólo cuando ocurrió la tragedia aparecieron los protocolos, los filtros de acceso, las rutas de evacuación, el control de aforos y un impresionante despliegue policiaco y de protección civil que debió existir desde el primer minuto de las celebraciones.
Una vez más, el gobierno actuó después del niño ahogado.
La pregunta resulta inevitable: si sabían que cientos de miles de personas acudirían a los puntos tradicionales de celebración, ¿por qué no existió un operativo integral desde el inicio? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién asumirá la responsabilidad política por las cuatro vidas perdidas?
Porque las responsabilidades no pueden diluirse entre comunicados oficiales.
Gobernar la capital del país exige capacidad para anticipar riesgos, no únicamente para administrar crisis. Y esa capacidad simplemente no apareció.
El Mundial dejó una postal incómoda para la administración de Clara Brugada. Más allá de la fiesta futbolística, quedó exhibida la fragilidad de un gobierno que volvió a privilegiar la narrativa política sobre la planeación técnica.
En los próximos meses conoceremos cuánto costó ajolotizar la Ciudad de México para recibir al mundo. Miles de millones de pesos destinados a imagen, propaganda política y operativos especiales malogrados.
Pero ninguna cifra devolverá la vida a quienes fallecieron.
¿Qué quedará después del Mundial de fut, además de las hazañas de los futbolistas mexicanos? Una capital disfuncional y asentada en las rodillas de autoridades improvisadas e incapaces.
Ese episodio marcará inevitablemente el debate político rumbo a las elecciones del próximo año.
La oposición encontrará en este caso un ejemplo de improvisación gubernamental, mientras el oficialismo intentará minimizar los hechos. Sin embargo, serán los ciudadanos quienes emitan el veredicto en las urnas.
Porque la confianza también se vota.
Mientras tanto, terminó el llamado “minimundial” en territorio mexicano. Se apagaron los reflectores, concluyeron las celebraciones y la realidad volvió a imponerse.
El país enfrenta nuevamente los desafíos de siempre: una economía desacelerada, incertidumbre sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y un gobierno obligado a responder por problemas que ya no pueden esconderse detrás de la euforia futbolística.
La gran lección que deja esta tragedia es sencilla: un gobierno que no puede garantizar la seguridad de una celebración multitudinaria difícilmente convencerá a los ciudadanos de que puede protegerlos en los desafíos mucho más complejos que enfrenta diariamente una zona metropolitana de más de veinte millones de habitantes.
Ni la titular del gobierno capitalino ha mostrado los tamaños necesarios para estar al frente de esta responsabilidad, ni sus principales colaboradores han estado a la altura de las circunstancias.
Si el oficialismo quiere mantener el poder en la metrópoli, deberá intervenir la jefa del Poder Ejecutivo para evitar una catástrofe electoral en las elecciones del próximo año, en donde, es una realidad, ya no tendrán el control en más de la mitad de las alcaldías de la CDMX.