Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio dejaron un panorama devastador, con más de 60 mil familias afectadas y comunidades enteras reducidas a la desolación. A la magnitud del desastre se sumó la tardía respuesta de las autoridades, señaladas por haber tardado cerca de 48 horas en atender la emergencia, tiempo durante el cual pudieron haberse salvado miles de vidas.
Entre el dolor y el caos surgió una amenaza que exige la atención inmediata de las autoridades y de la comunidad internacional. Las denuncias sobre la desaparición de niñas y niños han encendido una alarma imposible de ignorar, porque en contextos como este aumenta el riesgo de que redes criminales se aprovechen de su vulnerabilidad para captarlos y hacerlos víctimas de trata de personas.
Las autoridades venezolanas informaron sobre la detención de personas presuntamente involucradas en el intento de llevarse a menores rescatados. Al mismo tiempo, numerosas familias continúan buscando a hijos cuyo paradero sigue siendo desconocido. En una tragedia de esta magnitud, cada caso debe asumirse con la máxima urgencia.
Los desastres naturales crean condiciones que favorecen la explotación humana. El desplazamiento de las familias, la separación de los menores de sus cuidadores, el colapso de los servicios y la falta de registros confiables facilitan la acción de quienes convierten el sufrimiento ajeno en una fuente de ganancias.
Lo que ocurre en Venezuela demanda mucho más que la reconstrucción de viviendas e infraestructura. También exige una respuesta oportuna, eficaz y transparente por parte de las autoridades. La protección de la infancia debe ocupar el mismo nivel de prioridad que las labores de rescate. Cada albergue requiere supervisión permanente. Cada menor que llegue sin un familiar debe ser plenamente identificado. Cada reporte de un niño desaparecido debe activar una búsqueda inmediata, coordinada y efectiva.
El silencio también mata. Cuando estos casos dejan de ocupar los titulares, crece el riesgo de que las redes de explotación y otros delitos avancen con mayor facilidad y queden impunes. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de acompañar los esfuerzos de protección, exigir transparencia en los registros de personas desaparecidas y respaldar las acciones destinadas a salvaguardar a la niñez.
Venezuela necesita solidaridad, vigilancia y cooperación internacional para impedir que, entre los escombros y el desconcierto, sus niñas y niños se conviertan en las víctimas invisibles de una tragedia todavía mayor. La respuesta tardía del régimen evidenció, una vez más, su incapacidad para enfrentar una emergencia de esta magnitud. Mientras miles de familias esperaban auxilio, el Estado les dio la espalda.
Las autoridades, incluida Delcy Rodríguez, deben rendir cuentas por su actuación. El régimen no ha emprendido las acciones necesarias para proteger a la niñez y su negligencia ha dejado a niñas, niños y adolescentes expuestos a redes criminales que aprovechan el caos. Venezuela necesita recuperar instituciones capaces de proteger a su población. La permanencia de este régimen sólo profundiza el abandono y el sufrimiento de los venezolanos. Al tiempo…
DETALLES. La postura es crítica. México llega a la revisión del T-MEC sin una estrategia clara, lo que lo coloca en una posición de desventaja y lo obliga a reaccionar ante los acontecimientos, mientras el discurso oficial de certidumbre contrasta con una realidad marcada por una creciente incertidumbre para la inversión y el empleo.
Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN y Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).