La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este lunes un conflicto clave sobre quién tiene la facultad legal de auditar recursos federales ejercidos por municipios, al dar la razón a la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, frente a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
El fallo dejó sin efecto cualquier sanción en su contra por negarse a entregar información sobre 898.6 millones de pesos y aclaró que esos fondos sí pueden ser investigados, pero únicamente por la autoridad federal competente.
¿Qué resolvió la SCJN y por qué es relevante?
Por unanimidad, el Pleno de la Corte determinó que la fiscalización de recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en 2023 corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación, y no a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
Con esta decisión, el máximo tribunal invalidó los actos de revisión iniciados por la ASE y anuló cualquier sanción impuesta a servidores públicos municipales derivada de esa auditoría.
La aclaración clave de la Corte: no hay blindaje
Durante la sesión, el ministro Irving Espinosa Betanzo subrayó que la resolución no impide que los recursos sean auditados, sino que define quién tiene la competencia legal para hacerlo.
“Resulta necesario dejar en claro que la invalidez de una auditoría iniciada por una autoridad incompetente no excluye la posibilidad de que se investiguen hechos potencialmente irregulares por las autoridades facultadas para ello”.
Es decir, no se exonera el manejo de los recursos, solo se corrige el procedimiento.
La Corte determinó que la ASF es la autoridad encargada de revisar los recursos federales del municipio. Foto: @AbelinaLopezREl origen del conflicto: casi 900 millones de pesos
La decisión se dio al resolver la Controversia Constitucional 174/2025, promovida por el municipio de Acapulco contra la orden de fiscalización de la cuenta pública 2023 emitida por la ASE.
El caso se centró en 898 millones 633 mil 453 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), recursos de origen federal cuya revisión fue reclamada por la autoridad estatal.
El proyecto fue presentado por el ministro Arístides Guerrero García, quien explicó que el fallo se basa en la Constitución y en precedentes recientes del propio Pleno.
Qué sí y qué no resolvió la SCJN
La Corte dejó claro que:
- Sí resolvió:
- Que la ASE no tiene facultades para auditar recursos federales.
- Que la ASF es la única autoridad competente para hacerlo.
- No resolvió:
- Si hubo irregularidades en el uso del dinero.
- El fondo del manejo de los recursos por parte del municipio.
“No se exime ningún tipo de fiscalización de los recursos federales por parte del municipio actor ni se pronuncia sobre el fondo de su manejo; se resuelve únicamente cuál es la autoridad constitucionalmente competente para revisarlos”, precisó el ponente.
Lo que sigue para Abelina López y Acapulco
Aunque la alcaldesa libró sanciones en este caso, la fiscalización federal sigue abierta si la ASF decide intervenir.
Además, la SCJN tiene pendiente resolver otra controversia relacionada con el procedimiento de revocación de mandato promovido por el municipio de Acapulco contra el Congreso de Guerrero.
El fallo sienta un precedente relevante para ayuntamientos de todo el país, al delimitar con claridad las competencias entre auditorías estatales y federales en el uso de recursos públicos.