Durante varias semanas, México vivió un fenómeno poco común. La Selección Nacional de futbol consiguió lo que ningún partido político ha podido lograr en los últimos años —desde el triunfo de Fox, en 2000—, unir a millones de mexicanos bajo una misma bandera.
En las plazas públicas, en las casas, en los centros de trabajo y en las calles desaparecieron, aunque fuera por unos días, las diferencias ideológicas. No había chairos ni fifís; tampoco conservadores ni progresistas. Había simplemente mexicanos apoyando al Tricolor.
Pero la fiesta terminó y regresó la cruda realidad. La agenda política vuelve a ocupar el centro del debate nacional y, con ella, la narrativa de confrontación que ha dominado la vida pública desde hace varios años. De nueva cuenta aparecen los discursos que dividen a la sociedad entre buenos y malos, entre pueblo y élites, entre patriotas y traidores, entre quienes respaldan al gobierno y quienes lo cuestionan.
La polarización se ha convertido en un instrumento de competencia política. Desde la óptica del oficialismo, mantener movilizada a su base electoral requiere construir adversarios permanentes. Es una estrategia que diversos analistas han identificado en gobiernos populistas de distintas latitudes: fortalecer la identidad política mediante la confrontación constante.
En América Latina, ese modelo fue desarrollado ampliamente durante los gobiernos de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro en Venezuela, donde la división política terminó permeando prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional.
La pregunta es si esa estrategia sigue siendo funcional para México.
Porque mientras el discurso interno insiste en profundizar las diferencias, el país enfrenta desafíos externos que demandan exactamente lo contrario: unidad nacional.
La relación con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no produjo los resultados que esperaba el gobierno mexicano y la incertidumbre comercial comienza a reflejarse en las decisiones de inversión, en la generación de empleos y en las expectativas de crecimiento económico.
La economía difícilmente podrá mantenerse al margen de ese escenario. Los organismos nacionales e internacionales han venido ajustando sus expectativas de crecimiento para México, mientras la inversión privada mantiene una actitud de cautela frente al entorno internacional y a diversos factores internos relacionados con el Estado de derecho, la seguridad pública y la certidumbre regulatoria.
En ese contexto, el país necesitaría construir consensos mínimos para enfrentar una etapa económica que no luce sencilla. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.
Desde Palacio Nacional continúa privilegiándose una narrativa de confrontación política que, lejos de contribuir a la reconciliación nacional, profundiza las diferencias entre los distintos sectores de la sociedad. Paradójicamente, esa estrategia podría terminar convirtiéndose en un auténtico harakiri político.
Porque ningún gobierno puede aspirar a consolidar el crecimiento económico mientras mantiene permanentemente enfrentados a empresarios con autoridades, inversionistas con reguladores, oposición con gobierno y ciudadanos entre sí.
Las inversiones no sólo observan indicadores macroeconómicos; también evalúan estabilidad política, gobernabilidad, fortaleza institucional, Estado de derecho, certidumbre y capacidad para construir acuerdos. A ello deben sumarse los problemas estructurales que siguen sin encontrar solución.
La inseguridad y los narcoterroristas continúan siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social. El sistema de salud enfrenta carencias en infraestructura, medicamentos y personal especializado. El rezago educativo se profundizó después de la pandemia y aún persisten importantes desafíos en calidad y cobertura. Las finanzas públicas enfrentan crecientes presiones derivadas del costo financiero de la deuda, del aumento del gasto social y de las necesidades de apoyo a empresas estratégicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Ninguno de esos problemas se resolverá con discursos polarizantes. Por el contrario, todos requieren acuerdos políticos, diálogo institucional y una visión de largo plazo que coloque los intereses nacionales por encima de las ventajas electorales de corto plazo.
La administración de Claudia Sheinbaum será evaluada por sus resultados, no por su capacidad para mantener movilizada a una base política.
Mientras tanto, Morena ya tiene puesta la mirada en las elecciones intermedias del próximo año y, desde ahora, también en la sucesión presidencial de 2030. Es una estrategia políticamente comprensible, pero que corre el riesgo de anteponer los objetivos electorales a las necesidades inmediatas del país.
México acaba de demostrar, gracias al futbol, que cuando existe una causa común los mexicanos son capaces de dejar de lado diferencias ideológicas y caminar en la misma dirección.
Ningún país construye un futuro de prosperidad enfrentando permanentemente a sus propios ciudadanos. La unidad nacional no debería ser un recurso reservado para los estadios; tendría que convertirse en el principal activo para enfrentar los enormes desafíos económicos, sociales y políticos que hoy tiene México.