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El Economista 14 Jul, 2026 19:52

Resulta pertinente evaluar 10 renuncias recaudatorias que cuestan 2.1% del PIB: CIEP

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) aseguró que hay 10 renuncias recaudatorias, como la tasa cero de IVA a alimentos, que en 2026 representaron un costo fiscal de 775,893 millones de pesos (mdp) o 2.1% del PIB nacional y que “resulta pertinente evaluar”.

Y es que el CIEP resaltó que la permanencia de las renuncias en el sistema tributario no siempre está acompañada de una evaluación periódica sobre su pertinencia, efectividad, incidencia distributiva y evaluación del avance en el cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación.

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“Esta limitación es especialmente relevante en un contexto de restricciones fiscales, necesidades crecientes de financiamiento público y exigencias de mayor transparencia sobre el uso de los recursos públicos” dijo el investigador Jonathan Hernández, autor de la investigación.

Entre esas renuncias están las exenciones y tasas cero del IVA, deducciones del ISR tanto para personas físicas como morales y estímulos al precio de los combustibles, entre otras, las cuales representaron un costo fiscal de 775,893 millones de pesos en 2026 o 2.08% del PIB.

El CIEP explicó que dentro de este total, las renuncias de alto costo y beneficio generalizado, como la tasa 0 de IVA, concentran 536,395 millones de pesos, equivalentes a 1.44% del PIB.

“Estas renuncias se justifican comúnmente por su vínculo con necesidades básicas, acceso a servicios esenciales o bienes de alta relevancia social. Al operar de manera generalizada, el beneficio se distribuye entre todos los hogares con independencia de su nivel de ingreso, capacidad de gasto o necesidad efectiva”, explicó el CIEP.

Por ejemplo, explicó que en el caso de la tasa cero del IVA a alimentos, que representa un costo fiscal de 471,748 millones de pesos o 1.26% del PIB, es necesario analizar si el mecanismo cumple el objetivo social que lo justifica para de ahí valorar su pertinencia.

Asimismo, el CIEP resaltó que sería necesario valorar si el beneficio llega proporcionalmente a los hogares con mayores restricciones de ingreso y si existen alternativas más progresivas, trazables o costo-efectivas

Resaltó que en el caso de las exenciones de IVA a servicios de enseñanza, que tienen un costo fiscal de 38,482 millones de pesos o 0.1% del PIB nacional, “el beneficio está asociado a servicios privados, por lo que su aprovechamiento depende de la capacidad de los hogares para pagar colegiaturas y acceder a ese mercado”.

En tanto que las exenciones de IVA a vivienda, que tienen un costo de 26,165 millones de pesos o 0.07% del PIB, “la relevancia social del bien convive con posibles efectos patrimoniales y con diferencias importantes en la capacidad de adquisición o inversión”.

“En ambos casos, la pregunta no es si educación y vivienda son objetivos públicos relevantes, sino si la exención de IVA es el instrumento más adecuado para atenderlos y quiénes capturan efectivamente el beneficio”, dijo el CIEP en su investigación.

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