La familia LeBaron y otras víctimas estadounidenses del ataque perpetrado por el Cártel de Juárez en Sonora en 2019 solicitaron a una corte federal de Nueva York que les permita reclamar parte de los recursos que eventualmente entregue Ismael “El Mayo” Zambada para cubrir la multa multimillonaria derivada del proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.
En una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, los abogados de las familias acusaron al Gobierno estadounidense de intentar adjudicarse de manera exclusiva cualquier pago realizado por el fundador del Cártel de Sinaloa para satisfacer la sentencia por decomiso.
El escrito fue presentado dentro de los expedientes Miller vs. Juárez Cartel y Estados Unidos vs. Ismael Zambada García. En él, las víctimas sostienen que tienen derecho a acceder a esos recursos para hacer efectiva la sentencia civil que obtuvieron contra el Cártel de Juárez por la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019.
Los familiares, representados por el abogado Howard J. Miller, recordaron que son víctimas directas de la emboscada registrada en Bavispe, Sonora, donde fueron asesinados nueve integrantes de las familias LeBaron, Langford y Miller.
NUEVO | Familia LeBaron, víctima de la emboscada del Cártel de Juárez en 2019, advierte que EE.UU. podría dejarlos sin indemnización | En principio, fondos de multa contra el “Mayo” Zambada, serían empleados para éste propósito | La Corte tendrá la última palabra pic.twitter.com/HuHvodVvgW
— Alejandro Rincón (@ALEJOrincon) July 15, 2026
Según el documento judicial, los demandantes sostienen que Zambada García brindó apoyo material al Cártel de Juárez al proporcionar hombres y armamento empleados en el ataque.
En 2022, las familias obtuvieron una sentencia favorable contra dicha organización criminal, la cual quedó registrada ante la Corte federal de Nueva York en septiembre de 2023.
Gobierno de Estados Unidos busca quedarse con los recursos, acusan
La controversia ocurre tras revelarse una orden de decomiso propuesta por la Fiscalía estadounidense, la cual establece que “Estados Unidos será el único titular” del dinero entregado por “El Mayo” para cubrir la sanción económica impuesta en el caso.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, los familiares carecen de legitimidad jurídica para impugnar esa medida debido a que la sentencia monetaria constituye un fallo in personam, es decir, dirigido exclusivamente contra el acusado y no sobre bienes específicos.
No obstante, los representantes legales de las víctimas rechazaron esa interpretación y argumentaron que la Ley de Seguro contra Riesgos Terroristas de 2002 (TRIA, por sus siglas en inglés) permite embargar bienes bloqueados pertenecientes a organizaciones terroristas o a sus operadores para cumplir sentencias derivadas de actos terroristas.
Familia LeBaron argumenta que la ley protege su derecho a una indemnización
Los abogados señalaron que Ismael Zambada García fue designado por Estados Unidos como narcotraficante especialmente señalado bajo la llamada Ley Kingpin, por lo que cualquier activo congelado o pago relacionado con la sentencia de decomiso por 15 mil millones de dólares podría ser reclamado por las víctimas.
“El consentimiento del acusado al acuerdo de culpabilidad sólo lo obliga a él y no puede renunciar ni invalidar los derechos otorgados por el Congreso a las familias”, sostuvieron los litigantes en el escrito enviado al juez Cogan.
Acusaron al Gobierno de presentar una interpretación “incompleta” de las reglas federales sobre decomisos. Aunque la legislación permite emitir órdenes preliminares sin considerar el interés de terceros, los abogados subrayaron que la misma normativa contempla procedimientos posteriores para que otras partes puedan reclamar derechos sobre los bienes.
La defensa de la familia LeBaron consideró contradictoria la postura de las autoridades estadounidenses, ya que, por un lado, buscan obtener una sentencia económica contra “El Mayo” Zambada sin identificar activos concretos y, por otro, pretenden quedarse con la totalidad de los recursos derivados del proceso.
La resolución final sobre el destino del dinero y la posible indemnización para las víctimas quedará en manos del juez Brian M. Cogan.