En Washington vuelve a encenderse el foco rojo sobre México. En los pasillos de la seguridad nacional estadounidense insisten en que nuestro país sigue siendo refugio de altos mandos de la inteligencia rusa que, bajo cobertura diplomática, realizan labores de espionaje contra Estados Unidos. El tema está lejos de ser nuevo. Desde 2022, el entonces jefe del Comando Norte, Glen VanHerck, advirtió ante el Senado de EE. UU. que México albergaba la mayor concentración de agentes del GRU ruso en el mundo. Cuatro años después, el asunto regresa a la conversación y vuelve a incomodar la relación bilateral. La pregunta política es inevitable: ¿qué gana realmente México manteniendo esa cercanía con Moscú? Las cifras comerciales hablan por sí solas. En 2025, México exportó a Estados Unidos 534 mil 874 millones de dólares, un máximo histórico. A Rusia, en cambio, apenas alrededor de 30 millones de dólares. La diferencia es abismal. En diplomacia los símbolos pesan, pero los intereses pesan mucho más. Y cuando tu principal socio comercial está al norte de la frontera, cualquier señal que genere desconfianza en Washington termina convirtiéndose en un costo político que vale la pena preguntarse si alguien está dispuesto a asumir.
Hay movimientos que dicen más de lo que parece. Mientras algunos siguen apostando por el debate ideológico sobre el sector eléctrico, en la Secretaría de Energía se acaba de cerrar una alianza que difícilmente pasará desapercibida. La CFE y la empresa Cubico unirán fuerzas para desarrollar cinco proyectos de energía renovable con una inversión cercana a los mil millones de dólares. El mensaje político también es interesante: el Gobierno presume que sí hay espacio para el capital privado, siempre y cuando sea bajo un esquema donde la CFE mantenga un papel protagónico. No es una privatización, pero tampoco un portazo a la inversión. Es una fórmula que busca atraer recursos sin renunciar al control del Estado sobre la infraestructura estratégica. Los proyectos estarán en Tamaulipas, Nuevo León, Campeche y la Península de Yucatán, con 578 MW de generación y 176 MW de almacenamiento en baterías. Más allá de los números, la apuesta es clara: reforzar la seguridad energética y preparar al país para una demanda eléctrica que no deja de crecer. Los discursos suelen acaparar los reflectores, pero los acuerdos multimillonarios son los que terminan marcando el rumbo.