El chavismo y la oposición venezolana han dado un paso que puede resultar decisivo para el futuro político del país: renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y replantear el proceso de designación de sus magistrados. El acuerdo, alcanzado tras varias jornadas de negociaciones en Caracas, afecta a uno de los principales núcleos de poder de Venezuela y pretende corregir una de las instituciones que durante años ha estado marcada por la influencia del Ejecutivo.
El pacto pone el foco en algo que va mucho más allá de una renovación judicial. Para la oposición, disponer de un Supremo con mayores garantías de independencia es una condición imprescindible para avanzar hacia unas elecciones que puedan ser consideradas libres. Para el Gobierno de Delcy Rodríguez, el entendimiento supone aceptar cambios en una estructura institucional que hasta ahora había permanecido estrechamente vinculada al chavismo.
El acuerdo se cerró después de una intensa semana de conversaciones, con cinco reuniones plenarias y otras tantas sesiones de carácter técnico. Jorge Rodríguez representó al Ejecutivo, mientras que Dinorah Figuera participó en nombre de la oposición como presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Ambos comparecieron al término de la última reunión para anunciar los consensos alcanzados, en un gesto cuidadosamente escenificado ante los medios.
El Supremo se convierte en la pieza central
La importancia del acuerdo radica en que el poder judicial puede convertirse en uno de los principales obstáculos —o en una de las principales garantías— de cualquier futura apertura democrática. Durante años, las decisiones del Supremo han sido cuestionadas por sectores de la oposición, que consideran que el tribunal ha actuado alineado con los intereses del Gobierno.
Ahora, las partes han decidido volver a empezar. El proceso deberá contemplar los puestos que quedaron vacantes por jubilaciones y renuncias, además de las plazas derivadas de la ampliación de las salas del tribunal tras la reforma de la legislación aprobada en mayo. En los meses anteriores se habían recibido más de 500 candidaturas para cubrir parte de esas posiciones.
La revisión de ese procedimiento tiene una lectura política evidente. No basta con cambiar magistrados si el mecanismo para elegirlos sigue generando desconfianza. Por eso, el acuerdo incide especialmente en la composición de la comisión encargada de evaluar las candidaturas. La oposición ha conseguido que el asunto vuelva a una casilla de salida que considera más fiable.
El objetivo final no es únicamente reconstruir el Supremo. El verdadero desafío consiste en crear las condiciones institucionales para que una eventual convocatoria electoral pueda desarrollarse con garantías. En Venezuela, donde las disputas sobre la legitimidad de las instituciones han acompañado buena parte de las últimas dos décadas, el poder judicial ocupa un lugar especialmente sensible.
El oro del Banco de Inglaterra entra en la negociación
El pacto también incorpora una cuestión económica de enorme simbolismo: las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra. Se trata de unas 31 toneladas que permanecen bloqueadas en Londres en el marco de un prolongado litigio sobre quién tiene autoridad para disponer de ellas.
Gobierno y oposición han acordado trabajar para recuperar esos recursos. El dinero obtenido, según lo pactado, estaría destinado a responder a las necesidades provocadas por los terremotos y a financiar actuaciones relacionadas con vivienda, sanidad, educación y retirada de escombros.
Pero la oposición ha introducido una condición fundamental: establecer mecanismos de transparencia, auditoría y trazabilidad que permitan conocer cómo se emplean los fondos. La cuestión no es menor. En un país atravesado durante años por la desconfianza institucional, controlar el destino de los recursos puede ser tan importante como conseguirlos.
El acuerdo revela así una de las características de esta nueva negociación: política y economía avanzan entrelazadas. Washington busca estabilidad institucional y seguridad jurídica, mientras las partes venezolanas intentan obtener recursos para afrontar una emergencia que ha agravado todavía más la situación del país.
Washington mueve los hilos de una negociación diferente
Esta ronda de conversaciones no se parece a los intentos anteriores. Es el decimoctavo proceso de negociación relevante desarrollado en Venezuela durante las últimas dos décadas, pero existe una diferencia sustancial: Estados Unidos ocupa ahora una posición central en el diseño de la hoja de ruta.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha presentado el proceso como una transición estructurada en varias fases: estabilización, recuperación económica y, posteriormente, transición y reconciliación política. El objetivo último sería conducir al país hacia unas nuevas elecciones.
Las conversaciones se desarrollan además en Caracas, después de que anteriores iniciativas tuvieran como escenarios República Dominicana, México, Doha, Oslo o Barbados. El lugar elegido tampoco es anecdótico: el hotel Meliá ya fue escenario de uno de los primeros intentos de diálogo entre el chavismo y la oposición cuando Hugo Chávez estaba en el poder.
El proceso, sin embargo, sigue rodeado de incertidumbre. María Corina Machado, una de las figuras opositoras con mayor respaldo popular, permanece fuera de la mesa. Aunque no ha rechazado frontalmente la negociación y ha señalado que no quiere convertirse en un obstáculo, su ausencia plantea una pregunta inevitable: ¿puede una transición venezolana ser viable si una parte significativa de la oposición no participa directamente en ella?
La Plataforma Unitaria mantiene una posición prudente y espera comprobar qué resultados concretos producen los acuerdos. El reto será evitar que las negociaciones terminen reproduciendo una dinámica ya conocida: grandes anuncios iniciales seguidos de bloqueos, incumplimientos y pérdida de confianza.
Un acuerdo que tendrá que sobrevivir a la calle
Mientras los negociadores cerraban el pacto, alrededor de un centenar de policías custodiaban el hotel donde se celebraban las reuniones. En el exterior, representantes de organizaciones sindicales reclamaban transparencia, un calendario electoral y la liberación de presos políticos.
La escena resume la dificultad del momento. Mientras las élites políticas intentan construir consensos dentro de una sala cerrada, una parte de la sociedad exige saber qué se está pactando y cuándo esos acuerdos se traducirán en cambios concretos.
Las partes han instalado dos mesas de trabajo: una dedicada a la emergencia provocada por los terremotos y otra centrada en el fortalecimiento democrático, especialmente en el poder judicial y el sistema electoral. Los primeros acuerdos comenzarán a aplicarse en los próximos días mediante anuncios oficiales.
El siguiente encuentro está previsto para mediados de septiembre. Hasta entonces, el principal interrogante será si el acuerdo sobre el Supremo constituye realmente el comienzo de una transformación institucional o simplemente un nuevo episodio dentro de la larga historia de negociaciones venezolanas.
Porque la renovación de los magistrados puede cambiar nombres, pero la verdadera prueba será comprobar si cambia las reglas del juego. @mundiario