La desaparición de personas en México, dijo el pasado viernes el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, es un delito separado en dos momentos históricos: la guerra sucia, ubicada entre 1950 y 1990, y la guerra contra el narco detonada en 2006.
La primera refiere a cuando “el Estado utilizó la desaparición forzada para reprimir a opositores, disidentes e integrantes de movimientos sociales, obreros, campesinos, magisteriales y estudiantiles, por su forma de pensar y por su protesta contra el autoritarismo”, relató Medina.
En la segunda “inicia un periodo de desaparición de personas relacionadas principalmente con la delincuencia organizada”.
En el primer caso es el gobierno del Partido de Estado, el PRI, el que ejecuta las acciones criminales de desaparición. En el segundo, es “la irresponsable guerra de Felipe Calderón” la que desata desapariciones masivas atribuidas a “particulares” y a la delincuencia organizada.
Si con ese corte suponen los gobiernos de la 4T haber resuelto la responsabilidad histórica del delito que ha lastimado al país, fortalecerán un autoengaño.
Bajo esa lógica, se corre el riesgo de entender que el Estado dejó de ser el verdugo para convertirse en un asombrado y rebasado espectador de la crueldad del crimen.
Las desapariciones de la narcoviolencia no son un fenómeno exógeno; su origen tiene que ver con las entrañas del sistema político y las instituciones del Estado. Y no solo su origen, la esencia misma de los crímenes, el propósito de la eliminación y desaparición de personas, son actos de poder que cada vez más inciden en la reconfiguración de gobiernos, sobre todo locales.
Los principales grupos del narcotráfico en México surgieron hace décadas de la mano de fuerzas policiacas y militares y de sus comandantes. Muchos de los métodos de desaparición ejercidos, efectivamente, por funcionarios del Estado mexicano hace seis décadas fueron replicados por los cárteles. Desde la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se cobijó a cárteles o desertores de los Gafes parieron a Los Zetas, uno de los grupos criminales más violentos.
Una estela de gobernadores en Tamaulipas, alcaldes, procuradores estatales o el mismísimo Genaro García Luna fueron acusados de asociarse a los grupos de la delincuencia responsabilizados de las miles de desapariciones de los últimos 20 años. En esa complicidad hay actos de autoridad, de encubrimiento, omisión desde las instituciones del Estado.
¿Cómo explicar que en municipios como Tequila, el alcalde Diego Rivera actúe como “empleado” del CJNG, golpeando y extorsionando ciudadanos y ordenando la desaparición de sus enemigos políticos? Igual ocurrió con José Luis Abarca en Iguala.
El rancho Izaguirre de Teuchitlán era un campo de adiestramiento y de desaparición que no podía operar sin la participación del alcalde. ¿Es eso una desaparición cometida por “particulares” o es la narcopolítica operando desde el presupuesto público? El microcosmos de Tequila, o Teuchitlán, demuestran que el sello del narco y el logo de un gobierno son a menudo el mismo.
Las desapariciones masivas de los últimos veinte años implican una responsabilidad de instituciones del Estado. No puede eludirse. No solamente por la obligación de perseguir un delito sino por la implicación de funcionarios gubernamentales, jueces, legisladores en la cadena delictiva y en las acciones de eliminación de contrarios.
La desaparición es un delito ligado a una estrategia de poder del crimen para dominar territorio, para someter gobiernos, para controlar centros económicos fundamentales, para dirigir el comercio, para el cobro de moche.
La eliminación de quien resiste es base de ese poder.
Hay vasos comunicantes entre funcionarios e instituciones con los criminales; o bien, son la cabeza criminal.
El entramado que posibilita la desaparición, su impunidad y su repetición y expansión como crimen de poder, está hecho de piezas de entidades del Estado. Exhibirlo es condición básica para deshacer la red criminal.
Ático
¿El Estado dejó de ser el verdugo para convertirse en un asombrado y rebasado espectador de la crueldad del crimen?