Tal y como lo refirió la Asociación Nacional de Conductores de Transporte (ANTAC), el día de ayer iniciaron los bloqueos intermitentes en las principales carreteras de México, siendo una de ellas la salida de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ciertamente, dichos bloqueos no afectaron en un primer momento a los viajeros, pues se limitaron única y exclusivamente a los transportistas, quienes estaban previamente advertidos de lo anterior; en esta ocasión, la advertencia se hizo pública con antelación.
Es alarmante que el gremio transportista tenga que manifestarse de esa manera para solicitar que sea garantizado un derecho humano como lo es el derecho a la seguridad, cuya competencia exclusiva recae en el Estado, que debe generar los mecanismos necesarios para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, así como preservar el orden público, la paz social y las libertades ciudadanas.
En el caso de los transportistas, estos exigen una seguridad permanente que les permita viajar de manera libre, sin ningún tipo de extorsión, asaltos, secuestros y demás delitos de los que son víctimas constantes, aunado al hecho de los diferentes sobornos que refieren deben pagar a la autoridad que coloca retenes ilegales a lo largo de las diferentes carreteras de México.
Lo grave de esta situación radica en que la autoridad, lejos de ignorar lo que ocurre en las diferentes carreteras del país, constantemente refiere tener otros datos y busca minimizar cualquier tipo de comunicado ajeno a las instancias de gobierno y previamente aprobado por las mismas. En otro orden de ideas, lo que la ciudadanía dice, para ellos es mentira; aquello de lo que se duelen los manifestantes es una exageración.
Hay que tomar en consideración que el anuncio del bloqueo permitió a quienes son previsores planificar su viaje, pues, con independencia de que se esté permitiendo que los turistas sigan circulando, las carreteras se encuentran estranguladas por la maquinaria y cajas de tractocamión que han sido colocadas para evitar la libre circulación.
En Ciudad Juárez, el líder transportista Manuel Sotelo se deslindó de dichos bloqueos, refiriendo que, para esta localidad, se prevé una pérdida económica significativa, pues en diferentes ocasiones en que los mismos se han presentado, las pérdidas por afectación en mercancías han llegado a acumular más de dos mil quinientos millones de pesos.
Algo que debemos cuestionar es la razón por la cual el gremio transportista llevó a cabo el bloqueo dentro del fundo legal de Ciudad Juárez y no en carretera abierta, como se había anunciado, pues el kilómetro 20, que es donde se inició tal evento, es una zona por demás transitada por los fronterizos; ciertamente, se conjugan una serie de puntos viales que convergen desde diferentes partes del estado y que permiten el arribo de mercancías a esta ciudad; sin embargo, la afectación llega a golpear a quienes habitan esa zona.
Otra de las interrogantes que surge radica en el sentido de que, en las carreteras de Chihuahua, el problema de la seguridad no se encuentra tan marcado como en otros estados de la República; entonces, ¿por qué manifestarse en estos tramos carreteros? Al respecto, el gremio en disenso refirió que, para que se le dé importancia al movimiento, se vuelve indispensable extender su exigencia a ciudades que, de manera directa, ven afectada su economía con este tipo de expresiones y reclamaciones hacia el gobierno.
Es tiempo de que el Estado mexicano trabaje por el respeto a la seguridad de las personas, pues las exigencias radican no solo en el área de la seguridad pública, sino que trascienden a la seguridad humana, dada la bandera que en esta ocasión enarbolan los transportistas al requerir el libre ejercicio de su servicio, salarios dignos, un alto al incremento del costo del combustible, entre otras cosas; es decir, buscan seguridad económica, laboral y social, parte fundamental de nuestro diario vivir, pues se pretende el bienestar integral de las personas que conforman el gremio y sus familias.