San Miguel de Allende.- Un juez de Control en San Miguel de Allende ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) avanzar con la investigación del asesinato de la pequeña Alana, una niña de ocho años que murió tras recibir impactos de arma de fuego a manos de agentes de investigación criminal en un operativo realizado en marzo de 2025.
Esta resolución judicial confirma que existen omisiones en el proceso y obliga al Ministerio Público a presentar resultados en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Esta decisión se tomó este lunes, en una audiencia que inició a las 9:15 de la mañana ante el juez Sergio Samuel Contreras Cabrera.
El equipo legal de la familia de Alana ha denunciado omisiones y negligencias desde el operativo fallido que cobró la vida la menor. Foto: Archivo AM
Los padres de la menor y su asesor jurídico señalaron fallas graves en la integración de la carpeta de investigación por parte del agente Genaro Ledesma Sandoval, quien pertenece a la Unidad Especializada en Investigación de Asuntos Internos y Tortura.
Tras analizar el caso, el juez determinó que la Fiscalía debe realizar una investigación exhaustiva que incluya la participación de Elaine “N”, señalada por realizar la denuncia presuntamente falsa que detonó el despliegue policial.
También se ordenó integrar como prueba los expedientes laborales de los ocho agentes involucrados para verificar si cuentan con antecedentes por violaciones a los derechos humanos.
Uno de los puntos clave de la audiencia fue la exigencia de que el Ministerio Público resuelva de inmediato lo conducente al ejercicio de la acción penal por la muerte de la niña.
Según se expuso en el debate, ya está probado pericialmente cuál de los agentes disparó su arma de cargo contra Alana aquel día en la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo.
Finalmente, la autoridad judicial dictó medidas de protección para la madre de Alana y su hermana sobreviviente. Bajo estas restricciones, los ocho agentes investigados tienen estrictamente prohibido acercarse a ellas o causarles cualquier tipo de molestia, garantizando su integridad mientras el proceso legal continúa.
Este avance judicial se da tras un proceso de más de un año en el que la representación legal de la familia denunció falta de actividad en la carpeta de investigación.
El asesinato de Alana
Del caso se han exhibido los videos que documentan el actuar tanto del padre de Alana como de los agentes de la AIC de la FGE. Foto: Archivo AM
El caso se originó el 11 de marzo de 2025, durante un operativo de la FGE en la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo para cumplimentar una orden de aprehensión contra el empresario Alan Pérez Jacinto. En dicho evento, su hija Alana, de ocho años, falleció a causa de disparos de arma de fuego.
A pesar de que desde julio de 2025 existen peritajes internos que identifican al agente que accionó el arma de cargo que impactó a la menor, los ocho elementos que participaron en el despliegue han permanecido en sus funciones.
La defensa también ha señalado que el operativo se basó en una orden de aprehensión derivada de una denuncia cuya veracidad ha sido cuestionada en el proceso, ya que se presentaron pruebas de que el señalado se encontraba en un lugar distinto al de los hechos denunciados.
Asimismo, el expediente incluye una investigación de la Procuraduría de los Derechos Humanos por presuntos actos de tortura y uso desproporcionado de la fuerza contra los acompañantes de la menor al momento de su custodia.
Con la reciente resolución del juez de Control, la Fiscalía está obligada a integrar estos antecedentes y determinar la situación jurídica de los involucrados en un periodo máximo de 15 días hábiles.
JB