Uno de los talentos, dones o cualidades que más envidio, es la buena memoria. Me hubiera gustado ser como aquellos que devoran libros —o viven experiencias y conversaciones— cuyo contenido se enraíza en su corteza cerebral para permanecer ahí y resurgir como un destello de satisfacción ante la mínima provocación. No es mi caso. Tal vez por eso nunca fui bueno en historia.
Por eso también, quizás, —debo disculparme—, no recuerdo a una ombudsperson tan complaciente con el poder, incompetente y, sobre todo, con tan poca legitimidad, como la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La que pareciera su más valiosa credencial, ser hija de Rosario Ibarra — activista pro derechos humanos, luchadora social, representante popular—, palidece ante la probable razón por la que se encuentra en ese cargo: la cercanía e incondicionalidad, no con los derechos humanos (eso qué), sino con el ex presidente López Obrador y el partido oficial.
Por si fuera poca la desvergüenza, el proceso de su selección (2019) y posterior ratificación (2024), estuvieron marcados, el primero, por errores tan burdos como un impreciso conteo de votos en la Cámara de Senadores y, el segundo, —de mayor trascendencia—, por ser la aspirante menos calificada entre las y los candidatos a la posición, haber presentado un documento apócrifo con el supuesto apoyo de una persona que negó habérselo dado, así como por la evidencia de un sinnúmero de omisiones, desatención a las víctimas y sumisión con el gobierno durante su gestión.
En un país de desapariciones forzadas, asesinatos extra judiciales, tortura, presos sin sentencia, impunidad, feminicidios, asesinato de periodistas, discriminación, violencia de género y una larga lista de violaciones a los derechos humanos, es perverso que la CNDH haya sido mandada al diablo [AMLO dixit] junto con otras instituciones por un jefe de Estado que lo que en realidad quería era tenerlas a su servicio.
El dos de abril, en un comunicado de prensa, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) informó que solicitó al secretario de la ONU la remisión de manera urgente, de la situación de las desapariciones forzadas en México —a las que califica como crímenes de lesa humanidad— a la Asamblea General del organismo, para que considere medidas destinadas a apoyar al Estado referido en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
Un par de días después, la CNDH de Piedra Ibarra emitió un posicionamiento que solo podría calificarse de vergonzoso. Repite el tono y los descalificativos a la sociedad civil del estilo obradorista, asume la posición del gobierno respecto a las desapariciones y muestra la misma línea ideológica del régimen actual. La auto nombrada Defensoría del pueblo convertida en la defensoría —y tapadera— de la Cuarta Transformación.
Cómo pedir a alguien que defienda la dignidad —y los derechos— de las personas cuando no ha sabido siquiera defender la propia y la de la institución que representa. Su paso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido uno para olvidar. Lo que no podemos olvidar, incluso los que confesamos tener mala memoria, es el daño que ha infligido a la sociedad.
@isilop