Hay decisiones que no se toman en frío. Hay momentos en los que no hay margen, no hay alternativa y, desde luego, no hay tiempo para comparar opciones.
Imagine esta escena. Su madre necesita ir de inmediato al hospital. No puede esperar. No hay taxis disponibles. Hay una feria en la ciudad, la demanda se ha disparado y la única opción es abrir una aplicación de VTC. El precio aparece en pantalla: 600 euros por un trayecto de diez kilómetros.
No es una exageración. Es exactamente lo que permite el sistema.
Y aquí es donde conviene detenerse.
Porque no estamos hablando de si el precio es legal. Probablemente lo sea. Estamos hablando de si tiene sentido.
El transporte de personas —un coche con conductor que lleva a alguien de un punto a otro— no puede operar bajo dos lógicas distintas al mismo tiempo. No puede haber un sistema donde el precio esté regulado —con bajada de bandera obligatoria, tarifa por kilómetro fijada por la administración y suplementos tasados— y otro donde ese mismo transporte dependa de un algoritmo que ajusta el precio en función de la demanda.
Eso no es una diferencia técnica. Es una contradicción.
El taxi está sometido a reglas claras. El precio está definido de antemano y no cambia porque llueva, porque haya un evento o porque la ciudad esté colapsada. El usuario sabe que pagará lo que marca una tarifa pública.
No es casualidad. Es una garantía.
Sin embargo, en paralelo, se permite que otro operador que realiza exactamente el mismo transporte funcione con precios libres, variables y potencialmente desorbitados cuando la necesidad es mayor.
Eso no es competencia. Es asimetría.
El Tribunal Supremo ha avalado recientemente la libertad tarifaria de las VTC, al considerar desproporcionado imponerles determinadas obligaciones administrativas sobre sus precios. Y puede tener razón en ese punto concreto.
Pero esa decisión aborda solo una parte del problema.
Porque el debate no es si una empresa puede fijar precios libremente.El debate es si tiene sentido permitirlo en un sistema donde otro operador que hace exactamente lo mismo está sujeto a tarifas reguladas.
Ahí es donde la resolución se queda corta.
Se suele responder con el argumento de la libertad de mercado. O con comparaciones fáciles: los vuelos cambian de precio, los hoteles también. Pero la comparación falla por un motivo esencial. En esos sectores, todos los operadores compiten bajo las mismas reglas. Aquí no.
Y el problema no termina ahí.
Porque esta lógica empieza a extenderse a otros ámbitos donde directamente no debería entrar. El ferrocarril es un ejemplo claro. Un tren que conecta ciudades de forma regular no puede funcionar con precios que cambian cada día, cada hora o en función de la demanda.
Un billete entre Vigo y Madrid debería costar lo mismo hoy, mañana o dentro de un mes. A cualquier hora. Para cualquier usuario.
Porque ahí ya no estamos hablando de mercado. Estamos hablando de acceso.
Cuando el precio de un servicio básico depende del momento en el que lo necesitas, lo que se introduce no es eficiencia. Es incertidumbre. Y, en muchos casos, desigualdad.
Se ha querido presentar todo esto como modernización. Pero la realidad es otra: se han superpuesto dos sistemas incompatibles sin resolver el conflicto entre ellos.
Ni se ha liberalizado el taxi.
Ni se han igualado las reglas.
Ni se ha protegido de forma coherente al usuario.
Y eso no es un problema tecnológico. Es un problema de enfoque.
Porque cuando dos hacen lo mismo, pero uno tiene reglas y el otro no, el sistema no funciona.
Y cuando, además, el precio depende de la urgencia, deja de ser un precio.
Se convierte en una barrera. @mundiario