El Municipio de Querétaro acordó la creación de la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico, tras la realización de un ejercicio de Diálogo Ciudadano en el que participaron colectivos, academia y sociedad civil para atender la problemática del comercio artesanal en vía pública en el Centro Histórico.
El encuentro se llevó a cabo conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro y contó con la participación de integrantes del gabinete municipal, coordinados por el secretario de Gobierno, Michel Torres Olguín, y con la moderación de la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Beatriz Marmolejo Rojas. Durante la sesión, se escucharon diagnósticos y propuestas presentadas por representantes convocados por CÍVICA A.C., el Observatorio de Derechos Humanos de la UAQ y la Universidad de Londres.
El secretario de Gobierno, Michel Torres, afirmó que este ejercicio representa un esfuerzo inédito para encontrar un equilibrio entre el derecho al trabajo y la responsabilidad de preservar el orden, la seguridad y la riqueza cultural del Centro Histórico. “Se acordó iniciar mesas de trabajo de manera inmediata para atender temas prioritarios”, señaló.
Durante el diálogo, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un ordenamiento del comercio con enfoque de derechos humanos, corresponsabilidad y respeto. También destacaron que la actividad artesanal constituye un motor económico para numerosas familias, además de ser un elemento clave de la identidad queretana.
Entre las propuestas planteadas se encuentran fortalecer el diálogo permanente, actualizar y aplicar la normatividad, garantizar equidad y transparencia en la asignación de espacios y licencias, contar con un registro actualizado de comerciantes y dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados.
Con la conformación de la Comisión Municipal del Comercio Artesanal y Turístico, el Municipio de Querétaro busca avanzar en la construcción de políticas públicas orientadas al reordenamiento y la dignificación de esta actividad. Aunque la normatividad establece un plazo de hasta 30 días hábiles para el análisis de las propuestas, se acordó iniciar de inmediato mesas de trabajo para generar soluciones a corto plazo mediante la colaboración entre autoridades y ciudadanía.
