MORELIA, Mich., 16 de abril de 2026.- “Te hablamos en nombre de la empresa… de las cuatro letras”, dijo una voz al otro lado del teléfono. Esa frase se repitió como forma de contacto inicial en casos de extorsión en Michoacán, fenómeno que desde hace cuatro meses se intentó contener con la estrategia denominada Plan Michoacán, con énfasis en empresarios y productores. Sin embargo, cifras de la Fiscalía General del Estado señalaron rezago en las denuncias.
La extorsión en la entidad opera mediante esquemas que incluyeron amenazas, exigencias de pago y control de actividades económicas en distintas regiones. Uno de los mecanismos más frecuentes consiste en llamadas telefónicas en las que los responsables se identifican como integrantes de grupos delictivos, que ofrecen protección o apoyos inmediatos.
Otro esquema es a través de visitas directas a establecimientos comerciales. En estos casos, los agresores fijan cuotas periódicas a cambio de permitir la operación de los negocios. También está la imposición de pagos a productores del sector agrícola, quienes enfrentaron cobros relacionados con la siembra, la cosecha, el empaque y el traslado de mercancías.
Las víctimas reciben amenazas contra su integridad o la de sus familias en caso de incumplimiento. Los pagos se establecen de forma semanal o mensual, con montos definidos según la actividad económica. En algunos casos, los recursos se entregaron en efectivo; en otros, se realizaron transferencias a cuentas bancarias o depósitos en tiendas de conveniencia.
Los municipios con mayor incidencia se ubican en el Valle de Apatzingán, Uruapan y la región aguacatera, zonas con alta actividad agrícola. A pesar de ello, las denuncias permanecen sin crecimiento, incluso tras la reforma que permitió la persecución de oficio del delito.
Tras la implementación del Plan Michoacán en noviembre, al cierre de 2025 la Fiscalía registró una denuncia por extorsión en Apatzingán y 14 en Uruapan. No se reportaron casos en Buenavista, municipio con alta producción citrícola, donde ocurrió el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez.
Por este hecho fue detenido César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, señalado como presunto responsable del homicidio y vinculado al cobro de cuotas en el Tianguis Limonero para el grupo denominado Los Blancos de Troya. Pero hay otros grupos delictivos que también operan bajo este esquema para financiar sus actividades ilegales.
En el primer trimestre del año, las denuncias se concentraron en Morelia, con 35 de un total de 84 casos. Uruapan registró 19 denuncias, Apatzingán reportó tres y Buenavista no apareció en el registro. Aunque la estrategia contempló la persecución de oficio, esta requirió la ratificación de las víctimas, lo que derivó en carpetas sin avance.
La reforma estableció que el Ministerio Público puede iniciar investigaciones al tener conocimiento del delito por cualquier medio; no obstante, autoridades estatales señalaron que la colaboración de las víctimas resultó necesaria para integrar los casos y continuar con el proceso.
La extorsión, "se perseguirá de oficio cuando el Ministerio Público tenga noticia por cualquier medio de su ejecución en perjuicio de cualquiera de las actividades económicas o productivas del Estado", refiere la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Pero no es suficiente con ello, se requiere de la denuncia de la víctima, confirmó en encuentro con medios de comunicación el pasado 9 de octubre el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, ello al hablar sobre el caso concreto de los empresarios limoneros.
"Son varias las empresas de empaque en Apatzingán los que sufren de extorsión, sin embargo, reitero, es muy importante que ayuden a la Fiscalía en la investigación, porque si bien se sigue de oficio, porque algunas acciones en las que presumen extorsión se sigue de oficio, pero se requiere que complementen la información", declaró Zepeda Villaseñor, a finales del año pasado.
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