Una puesta a disposición es el acto mediante el cual la policía presenta ante la autoridad competente a personas por presuntas faltas cívicas o hechos probablemente delictivos. En 2025, el INEGI reportó 413,127 puestas a disposición, una caída de 3.9% respecto a 2024.
De ese universo, 23,206 (5.6%) fueron de la GN, cifra que aumentó 137.3%, posiblemente relacionado con la reforma que transfirió a la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Entre las estatales, las que más reportaron fueron Aguascalientes (82,409), la Ciudad de México (68,196) y el Estado de México (36,485), aunque la autoridad ante la que se presentan varía mucho: 91.3% de los casos de Aguascalientes fueron ante el juez cívico, frente a 100% ante el Ministerio Público (MP) en el Estado de México. En la GN, 84.9% fueron ante el MP.
La falta cívica más recurrente fue la generación de escándalo o ruido (28.9%), seguida del consumo de sustancias en la vía pública (13.7%). En el ámbito penal, destacaron el narcomenudeo (66,968 casos, 37.4%) y el robo (28,178 casos, 15.7%), lo que sugiere que la persecución de delitos de drogas de bajo perfil sigue siendo la prioridad de facto. En contraste, las puestas a disposición por homicidio fueron apenas 2,869, una reducción de 35%.
Cabe señalar que los tabulados del CNSPF-E 2026 ya no incluyen información sobre “rescates de personas en situación de movilidad”, el eufemismo con el que las autoridades han registrado la detención de personas migrantes. Ello nos impide conocer el papel actual de la GN en materia de control migratorio. En censos anteriores esa cifra supera por mucho las puestas a disposición de dicha institución: 137,992 “rescates” en 2024 y 164,760 en 2023.
En 2025, las instituciones policiales incautaron 21,088 armas de fuego, 72.4% más que en 2024. De ese total, la GN aseguró 8,178 armas y las corporaciones estatales 12,910, concentradas principalmente en Michoacán (9.2%) y el Estado de México (8.5%).
Con la información disponible, no es posible determinar si las armas de la GN están contempladas dentro de las 14,014 reportadas por la SEDENA vía transparencia. Solo en Sinaloa, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó 2,997 aseguramientos en 2025, 98.8% de ellos por la SEDENA.
Tampoco se contabilizan las 1,783 armas reportadas por la Secretaría de Marina (SEMAR). Un panorama completo requeriría, además, los números de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías estatales. El dato del CNSPF-E, por tanto, no representa el total de armas aseguradas por las instituciones de seguridad en el país.
En cuanto a narcóticos, la GN reportó 30,093 kg de mariguana, 8,762 kg de cocaína, 28,407 kg de metanfetamina y 361,064 dosis de fentanilo; las estatales incautaron 430,157.6 kg de mariguana, 14,671 kg de cocaína, 10,888 kg de metanfetamina y 1 millón 771,197 dosis de fentanilo. Las policías estatales concentran el grueso de la mariguana, mientras que la GN destaca en el aseguramiento de metanfetamina, posiblemente por la priorización federal de las drogas sintéticas y el papel histórico de la posesión simple de cannabis como criterio de detención a nivel local.
Destaca el aseguramiento de hidrocarburos: 61 millones de litros —un incremento de 297.9%—, del cual 83.9% se adjudica a la GN, concentrado sobre todo en Coahuila y Tabasco. Este salto coincide con el aumento de la presencia del huachicol (sobre todo el fiscal) en la discusión pública.
En 2025, se registraron 830 enfrentamientos —eventos con uso de la fuerza contra civiles armados—, 20.1% menos que en 2024. La GN participó en 206 (27.5% menos) y las estatales en 624 (17.4% menos). Nuevo León (253) y Chiapas (80) concentraron los enfrentamientos estatales; para la GN, Michoacán (45) y Sinaloa (30).
El INEGI reportó 54 elementos de seguridad fallecidos y 208 lesionados, frente a 333 civiles armados fallecidos, 112 lesionados y 565 detenidos: una proporción que sin duda amerita un análisis más detallado sobre el uso de la fuerza en el periodo de análisis.
Estos datos permiten observar parte de las prioridades reales de las instituciones de seguridad pública: el combate al narcomenudeo y el aseguramiento de armas, drogas e hidrocarburos concentran buena parte del esfuerzo operativo.
La disminución en el número de enfrentamientos, aunada al incremento en aseguramientos, podría sugerir un desplazamiento de la estrategia hacia labores de detección y decomiso y, en menor medida, hacia el choque directo con grupos armados.
Para cerrar esta serie, vale la pena señalar una limitante metodológica del propio censo: el diseño de sus módulos ya no parece corresponder al estado actual de la institucionalidad de la seguridad en México. El CNSPF-E sigue tratando a la GN como heredera directa de la extinta Policía Federal y, en esa medida, como una corporación de naturaleza policial-civil. Sin embargo, esa forma de conceptualizarla pasa por alto que, desde 2024, la GN está adscrita a la SEDENA y que su operación se desarrolla bajo una estructura orgánica y de mando militar.
A esta limitante se suma otra: el censo deja fuera el hecho de que una parte considerable de la función de seguridad pública recae hoy en elementos de las fuerzas armadas –Ejército, Fuerza Aérea y Armada– que no pertenecen a la GN, cuya actividad tampoco queda registrada en los módulos del CNSPF-E. La suma de ambos problemas significa que las cifras disponibles sobre las puestas a disposición, los aseguramientos y los enfrentamientos no necesariamente dan cuenta de toda la actividad de las instituciones que actualmente participan en tareas de seguridad pública en el país.
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El autor es Gerardo Álvarez, Analista de Políticas Públicas en México Unido Contra la Delincuencia. Egresado de Derecho por el ITAM, ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. En MUCD ha realizado investigaciones y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas.