Recientemente, tuve la oportunidad de participar en ejercicios de diálogo y reflexión interinstitucional enfocados en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado, organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Estatal Electoral. Estos foros, que buscan acercar el aparato estatal a la realidad de las comunidades, nos revelan una radiografía tan fascinante como dolorosa sobre las asimetrías de nuestro sistema. Como estudioso del Derecho y de la sociología, escuchar de viva voz las exigencias de gobernadoras indígenas, artesanas y representantes de los pueblos rarámuri, tepehuanos y otros grupos originarios, me confirma que el Estado mexicano aún tiene una profunda deuda histórica: transitar de la asimilación forzada hacia un verdadero pluralismo jurídico.
Históricamente, el sistema de justicia se ha edificado desde una visión profundamente eurocéntrica, monista y homogenizadora. Se nos ha enseñado en las aulas que la ley es igual para todos, pero esta premisa liberal decimonónica se fractura cuando choca con la realidad material y cultural. ¿Cómo podemos hablar de igualdad procesal cuando una persona indígena es detenida, llevada ante una fiscalía o sometida a un juicio penal sin comprender una sola palabra del idioma en que se le acusa?
El acceso a la justicia en lengua indígena no es una concesión graciosa de las autoridades; es un mandato supremo consagrado en el artículo 2º de nuestra Constitución. Si bien existen esfuerzos loables y recientes desde el Poder Judicial para contar con centros de personas traductoras e intérpretes que operan las 24 horas, la realidad estructural nos rebasa: resulta alarmante y revelador de nuestra desigualdad que, para todo el vasto territorio chihuahuense, apenas contemos con media docena de intérpretes oficiales para cubrir las múltiples lenguas y sus complejas subvariantes dialectales. Enviar a un traductor que habla una variante distinta a la del procesado invisibiliza su defensa y perpetúa la marginación institucional.
Para alcanzar un Estado verdaderamente socialdemócrata y garante de los derechos humanos, debemos dejar de ser espectadores frente a esta vulnerabilidad. Las voces de las comunidades son claras y exigen dejar de ser tratadas con un paternalismo condescendiente. Reclaman, con justa razón, no ser utilizadas meramente como imagen o folclore en eventos públicos. Piden mesas de trabajo en su propio territorio, donde el diálogo se dé en círculos participativos, bajo su lengua y respetando sus mecanismos tradicionales. Exigen acciones concretas, no solo discursos.
En este sentido, la gran asignatura pendiente es la armonización normativa. Nuestro marco constitucional local debe alinearse de manera urgente con los preceptos federales y los tratados internacionales para reconocer plenamente el derecho a la libre autodeterminación y la elección de autoridades comunitarias. El pluralismo jurídico implica aceptar que el derecho estatal no es el único sistema válido; requiere coordinar la justicia ordinaria con los sistemas normativos indígenas, dotando de validez a sus resoluciones y comprendiendo su cosmovisión, que muchas veces prioriza la reparación del daño y el equilibrio comunitario por encima del castigo penitenciario.
La construcción de una justicia cercana, pluricultural y sin privilegios exige una labor interinstitucional sin precedentes. Necesitamos que las universidades, los tribunales, los institutos electorales y las dependencias de gobierno sumen esfuerzos para certificar a más traductores indígenas y brindar talleres de pertinencia cultural a todos los operadores jurídicos y funcionarios públicos.
No podemos exigir a los pueblos originarios que se adapten a la rigidez de nuestras instituciones. Es el Estado el que tiene la obligación ética, jurídica y social de moldearse para abrazar su diversidad. Solo mitigando estas barreras de exclusión, garantizando el respeto al territorio y reconociendo sus capacidades de gobernanza, podremos afirmar que en Chihuahua el Estado de Derecho ampara a todos por igual, haciendo de la justicia social una realidad material y palpable en cada rincón de nuestra sierra y nuestras ciudades.