Los municipios son la figura más cercana y más representativa de gobierno que hay en nuestro país. Todas las virtudes y defectos de nuestro sistema político están reflejados en las dinámicas de estos entes de gobierno.
Por eso, revisar de cuando en cuando cómo funcionan parece un buen ejercicio para medir cuáles son nuestros defectos y virtudes en cuanto a la gestión pública.
El problema está cuando tenemos pocos elementos qué revisar, muchas dudas y más de un obstáculo para hacer preguntas.
Hace unas semanas, se publicó un estudio de la Cámara de Diputados sobre el monto de la deuda per cápita por cada municipio.
Las cifras iban desde una deuda por 4,414 pesos per cápita en el municipio de Cozumel hasta una deuda por 3.7 pesos por persona en el municipio de Nuevo Ideal en Durango.
Los números estaban bien ahí y quizá levantan una que otra ceja en casos como en Ónavas donde el municipio que tiene una población de 349 personas adquirió una deuda de un millón de pesos.
¿Pero estas cifras nos dicen algo? ¿es mucho? ¿poco?
El problema aquí es que hay un montón de deudas y difícilmente con el estudio y los números fríos que se presentaron podríamos hablar de una evaluación sobre cómo se gestionan los municipios y cómo gestionan su deuda.
Por poner un ejemplo: el municipio de Dolores Hidalgo, en Guanajuato invierte poco más de dos millones de pesos en un sitio de disposición final de residuos.
Para el volumen de su población, de arranque pudo sonar a un gasto alto, pero al final el esquema tuvo una composición integral que resuelve problemas más de fondo no solo en cuestiones de limpia si no hasta de dinámicas sociales con los recolectores.
Ese mismo dinero puede representar gastos mucho más medidos en municipios más grandes, como en Guadalajara que es el mismo monto que usan en comprar camiones de basura. Cuando se revisan los contratos, resulta que los camiones no solucionan las dinámicas de fondo.
La cosa es que comparar dinámicas en los municipios es un ejercicio para personas pacientes, con tiempo y con mucha tolerancia a la frustración. Esto porque en la mayoría de los casos la posibilidad de comparar cifras y saber a dónde fueron los recursos es casi nula.
Los sitios de transparencia donde antes se encontraban los contratos no han sido actualizados, mezclan informes de administraciones o bien tienen resultados parciales.
Los datos no están unificados, no son comparables y no se ve un esfuerzo encaminado a que esas características cambien.
El problema de fondo aquí es que nos habla de una práctica repetida y deliberada y nos deja a los ciudadanos con más dudas que respuestas respecto a cómo, en qué y quién gasta nuestros recursos.
Sin números confiables sobre cómo se efectúan los gastos en el nivel más elemental de gobierno, tenemos pocas posibilidades de evaluar si estamos haciéndolo bien y después, pedir resultados al respecto. No deberíamos dejar que el caos y la opacidad sigan siendo la norma.