En los últimos años, pocas palabras han sido tan invocadas —y disputadas— en política como la libertad. Se la nombra en discursos, campañas y gobiernos como si su significado fuera una tremenda obviedad.
Pero no lo es. En un mundo atravesado por la desigualdad, polarización e incertidumbre, cabe preguntarse qué entendemos realmente por este concepto tan manoseado y que tantos desean apropiarse.
Algunos invocan la libertad como si bastara con reducir el papel del Estado para que las personas puedan desarrollarse plenamente. Sin embargo, la evidencia muestra otra cosa: sin condiciones materiales mínimas, la libertad no se ejerce. No es más que una posibilidad abstracta, desprovista de realidad.
Esa pugna volvió a hacerse explícita hace unos días en Barcelona, donde liderazgos progresistas como la presidenta Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez coincidieron en una preocupación compartida: la necesidad de reconstruir un lenguaje común frente a los desafíos globales de nuestro tiempo.
Entre esas palabras en disputa, destaca por su potencia —y aparente ambigüedad — la ya mencionada libertad.
Como planteó la propia presidenta, no se trata de cualquier libertad. No es la libertad de someterse a intereses externos. No es la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho. “La libertad es una palabra vacía si no va acompañada de justicia social, soberanía y dignidad de los pueblos”, dijo.
La pregunta, entonces, es: ¿qué ocurre con la libertad cuando amplios sectores de la población carecen de redes básicas de protección? Y aún más: ¿puede llamarse libertad a un orden en el que quienes producen lo esencial —como los jornaleros y jornaleras agrícolas— trabajan sin contratos, sin seguridad y sin garantías mínimas? La reciente aprobación de una legislación en el Congreso que condiciona la exportación agrícola al cumplimiento de estándares laborales básicos es una respuesta contundente a esta pregunta, y una deuda histórica con las y los trabajadores del campo que este gobierno por fin está saldando.
Porque la comida no aparece en nuestras mesas por inercia ni por abstracción. Detrás de cada producto hay trabajo, personas y tiempo. ¿No es, acaso, una ampliación real de la libertad que el Estado intervenga para asegurar condiciones dignas a quienes sostienen esa cadena? ¿O seguimos entendiendo la libertad como la ausencia de regulación, incluso cuando esa ausencia reproduce dolor?
Los datos ayudan a dimensionar esa tensión. De acuerdo con la CEPAL, la región sigue siendo la más desigual del mundo y, al mismo tiempo, en varios países, la cobertura de la seguridad social no alcanza al 50 por ciento de la población ocupada.
En ese contexto, la posibilidad de elegir cambiar de empleo, emprender, cuidar la salud o incluso de envejecer con dignidad no depende únicamente de la voluntad individual, sino de condiciones estructurales que muchas veces están ausentes.
Desde esta perspectiva, la libertad no puede entenderse únicamente como ausencia de restricciones, sino como la presencia efectiva de condiciones que la hacen posible. No se trata solo de poder elegir, sino de tener herramientas para hacerlo.
Hay una forma particularmente concreta de aterrizar esta discusión: la libertad es tiempo. Tiempo real para decidir sobre la propia vida, para descansar, cuidar y estar con otros.
La reciente discusión en México sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales no es solo una reforma económica o laboral: es, en el fondo, una disputa sobre el significado mismo de la libertad. Porque cuando una sociedad decide que el tiempo de vida no puede estar completamente subordinado al trabajo, lo que está haciendo es ampliar, de manera tangible, los márgenes de libertad de las personas.
Y esto se suma al incremento del salario mínimo, a la ampliación de derechos laborales y a la construcción de sistemas de protección social más robustos.
Es, en conjunto, una apuesta por dotar de contenido real a una palabra que, durante demasiado tiempo, ha sido vaciada o capturada por el discurso. Hace unos días, escuché una idea que resume bien este desafío, y es que la seguridad social, así como la libertad, se miden en tranquilidad.
En la tranquilidad de saber que ante la enfermedad habrá atención, que en la vejez habrá ingresos y que, frente a la incertidumbre, habrá protección. Y es que la libertad no es algo que se grita en eventos multitudinarios para encender a las masas, sino algo que se garantiza y tranquiliza.